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Uno de los objetivos de la Ley Promesa es que el gobierno de Puerto Rico pueda recuperar el buen crédito y regresar a los mercados financieros; no a vender bonos chatarra, sino a levantar capital para el financiamiento de proyectos de desarrollo económico con costos que no resulten onerosos. Cabe preguntar si el plan de renegociación de la deuda que acaba de presentar la Junta de Supervisión Fiscal basta para llevarnos en esa dirección.
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