“Compatriotas: entiendan bien lo siguiente: ningún cambio al Estado Libre Asociado tendrá efecto si antes no cuenta con el voto afirmativo directo de los electores de Puerto Rico en una consulta libre y democrática. No habrá cambio alguno inconsultamente, por mínimo que sea, si no es ratificado por el voto de cada uno de ustedes. Así ha quedado firmemente establecido en el pacto bilateral inherente al nuevo estatus político concebido por la constitución de 1952”.

Eso era, palabra más, palabra menos, lo que aseguraba una y otra vez Luis Muñoz Marín cuando desde los años ‘50 se cuestionaba por muchos, incluyendo por expertos constitucionalistas, la dudosa validez del llamado “pacto bilateral”, pacto que, todo sea dicho, no ha sido hallado jamás en gaveta alguna del Congreso, donde se habría avalado. Aquellas seguridades de Muñoz eran la luz con que él y sus adeptos pretendían alumbrar el camino, primero, para insistir en la farsa de darle validez de estatus político a la aprobación de nuestra Constitución de puro gobierno local; segundo, con la que pretendían vender la quimera de un “ELA” “desarrollado”, “perfeccionado” y hasta “culminado”. El poder hegemónico del popularismo de aquellos años, el indiscutible carisma de Muñoz y la complicidad del gobierno federal agenciándose amigos y socios útiles en su lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría en todo auge, aceitó la engañifa (ya tantas veces descubierta) de que hubo un cambio de estatus político en 1952.

Los discípulos de Muñoz Marín, que no cuestionaban para nada al Vate, no leían, además. Si lo hubieran hecho, podrían haberse percatado que es al revés. Está clarísimo en una de las tachaduras y enmiendas que dio el Congreso a la Constitución que había aprobado la convención de 1952 para agregar en el documento magno: ninguna enmienda a esta Constitución será aprobada si no se adhiere a las limitaciones de la resolución del Congreso aprobando la Constitución; a las disposiciones aplicables de la Constitución de Estados Unidos; a la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, y a la Ley Pública 600. Las condiciones las puso el Congreso. Todo ello en atención a la Cláusula de Supremacía y a la legislación federal referente a la cláusula territorial. 

Aquellas representaciones de Muñoz (increíblemente, hay quienes aún las repiten), era la luz con que se pretendía iluminar al Estado Libre Asociado. Una luz apagada con el primer “fua” del Supremo federal en Sánchez Valle –otra tachadura al “pacto bilateral”; con el segundo “fua” de la Junta de Control Fiscal –una reorganización inconsulta del gobierno de Puerto Rico, y ahora a la vista, con el “fua” de la esperada decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que, se anticipa, revalidará la doctrina de los Casos Insulares del siglo pasado, que nos mantiene, no como conciudadanos iguales disfrutando de un “pacto bilateral”, si no como posesión de otros, justo como antes de 1952. Como describió la jueza Sonia Sotomayor, que sabe de qué habla: somos una propiedad federal. Lo que falta es el rótulo desde el Congreso advirtiéndonos: No trespassing; federal property.