Roberto Iván Aponte
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Peligroso retroceso de nuestra ley electoral

Hasta el sábado, Puerto Rico contó con un sistema electoral que fue ejemplo de transparencia y confiabilidad para muchos países. Fue este día cuando la gobernadora desechó décadas de confianza en un sistema electoral cuyos resultados no eran cuestionados, gracias a la complejidad y diseño de una estructura basada en la desconfianza y en la que en áreas sensitivas se garantizaba la presencia y fiscalización de todas las instituciones políticas allí representadas.  Con su firma, entró en vigor el nuevo Código Electoral diseñado para entronizar el bipartidismo azul y rojo, y hecho particularmente a la medida del PNP a meses de las elecciones. Acto conscientemente desesperado como último recurso ante la imagen maltrecha que como partido se han ganado. A falta de credibilidad y una propuesta electoral seria, recurren a cambiar las reglas del juego para su beneficio con la falsa ilusión de poder alterar en algo lo que será la voluntad del electorado. Ahora, más que nunca, no podemos bajar la guardia. 

Esta nueva ley reduce la presencia fiscalizadora de los otros partidos en la CEE, particularmente de los terceros partidos, rompiendo con el sistema de pesos y contrapesos que existió por los pasados casi 40 años en dicha institución y cuyo diseño fue la respuesta al descrédito que existía en los eventos electorales, ante la limitada presencia de los partidos minoritarios en la antigua Junta Electoral y Tribunal Electoral. El país dejó de confiar en los resultados, siendo la gota que colmó la copa el escándalo de Valencia en el 1980. ¿A eso es que quiere volver el PNP?

Aparentemente, sí. Con el agravante de que esta nueva ley elimina la presencia física del personal en transacciones electorales tan sencillas como un cambio de dirección. Dentro de un año, desaparecerá la probabilidad de poder fiscalizar estos procesos de cambios de dirección, que en el pasado, gracias a la presencia de los oficiales de inscripción, se pudieron identificar patrones de cambios de dirección con el fin de favorecer candidatos (Guaynabo, Cataño y Villalba). 

También, mecaniza el proceso de inscripción, por lo que con esta nueva ley, Gigi Fernández no tendrá tan siquiera que montarse en un avión para reactivarse como electora, pues lo podrá hacer desde su domicilio en Estados Unidos, lejos de la fiscalización que garantiza la presencia de los oficiales de inscripción en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP). Luego del proceso de desaparición de las JIP, se atenderán las transacciones electorales a través de un Centro de Llamadas. Si corremos la misma suerte que el Departamento del Trabajo con su centro de llamadas durante la crisis de la pandemia, ya sabemos cuál será el resultado de las transacciones electorales que las personas traten de hacer por teléfono. 

El día de las elecciones hay que tener ojo avizor, pues son evidentes los peligros con la intención de cambiar las reglas del juego. Desde el PIP hemos advertido que, ante el riesgo de intentar robarse las elecciones, es importante la presencia de funcionarios en los colegios de votación para que cada voto cuente. El bipartidismo nos ha robado demasiado, no vamos a dejar que nos roben nuestra voluntad también. 


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