

La versión más reciente, y presumiblemente final, del Plan de Ajuste de la deuda (PDA) del gobierno central de Puerto Rico contiene una serie de acuerdos e imposiciones cuyas consecuencias deben ser examinadas cuidadosamente. Suponiendo que las propuestas son aceptadas por las distintas “clases” de acreedores, y que el proceso de aprobación fluye como lo ha previsto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para el año 2026 terminaría un proceso que comenzó con grandes expectativas hace poco más de cuatro años. No obstante, el camino que queda por recorrer no estará exento de controversias, como explico brevemente a continuación.
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