El caos que caracterizó el proceso primarista ayer, domingo, 9 de agosto, ha vuelto a poner en evidencia el deterioro acelerado de las instituciones políticas en Puerto Rico. Ciertamente ha habido un grado sustancial de incompetencia administrativa. Pero las implicaciones de lo sucedido tienen mayor calado.

Hay que relacionar el desastre de las primarias con desarrollos que se han venido acumulando paulatinamente. La incapacidad del gobierno para gestionar el bienestar del país viene de lejos. En años recientes se ha manifestado de diversas formas: la inhabilidad para enfrentar efectivamente la larga recesión económica, la irresponsabilidad en el manejo de la deuda pública, la impotencia ante la inminente quiebra gubernamental, las respuestas fallidas a los fenómenos atmosféricos, la ineptitud (o negligencia deliberada) para contar nuestros muertos, la insuficiencia de los esfuerzos relacionados con las pruebas y el rastreo de los contagios necesario para reducir los efectos catastróficos de la pandemia y, ahora, como colofón, la debacle en los procesos electorales.

Además de ese trasfondo general, que no debe dejarse de tener en cuenta, este desastre político tiene dimensiones propias. No hay duda de que Puerto Rico tiene un sistema democrático muy menguado por varias razones: la subordinación colonial, el poder de la Junta de Control Fiscal, el clientelismo endémico y el partidismo político excesivo, por mencionar algunas. A estos rasgos estructurales se suman prácticas cada vez más frecuentes como la conducción de procesos legislativos a la trágala y la falta de participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas, más allá de la elección de los funcionarios políticos. De particular relevancia resulta la decisión de desarticular la Comisión Electoral de Elecciones mediante la aprobación de un nuevo código electoral a pocos meses de celebrarse los comicios, una práctica que habría sido rechazada en cualquier país que tome en serio los eventos eleccionarios.

A pesar de esas deficiencias sustanciales, Puerto Rico todavía podía preciarse de tener procesos eleccionarios internos más o menos confiables. Eso se ha venido al piso. Era un resquicio de civilidad política que ha quedado seriamente vulnerado. Es el producto de factores estructurales, ciertamente. Pero en su generación tampoco podemos descartar el efecto de decisiones interesadas, motivadas por intereses sectoriales y partidarios, y de prácticas de corrupción política. La conciencia de todos esos problemas profundos no debe servir de excusa para conformarse o tolerar el menoscabo adicional de las aspiraciones democráticas del pueblo aunque sea en su reducido ámbito de facultades decisorias.

No importa la “solución” inmediata que se adopte, el colapso de las primarias ya ha afectado seriamente el derecho al voto de muchas personas. Más aún, el atropello tiene dimensiones múltiples que trascienden el ejercicio de ese derecho. Piénsese en la cantidad de personas de mayor edad o con algún problema de diversidad funcional que llegaron temprano a votar para encontrar que no había papeletas disponibles y tuvieron que regresar a sus hogares para resignarse a perder su derecho al voto, ante las dificultades que entrañaba su regreso a los colegios de votación o, bien, decidir regresar a ellos con esfuerzos físicos y emocionales considerables. O en los jóvenes que votaban por primera vez y se vieron frustrados en su primera experiencia electoral. O en los funcionarios y funcionarias de colegio que tuvieron que dedicar más horas que las esperadas en medio de las exigencias familiares y personales propias de este periodo excepcional de pandemia. Y los efectos en la población general que ha tenido que asumir riesgos mayores de exposición al COVID-19, poniendo en peligro su salud y la de los suyos.

¿Es esto un presagio de lo que podrá ocurrir en las elecciones generales de noviembre?

El deterioro institucional en Puerto Rico no parece tener fin. La vulneración de derechos que ello acarrea para todos y todas sus habitantes ya sobrepasa lo tolerable. Es hora de buscar alternativas radicales a nuestra situación que, incluyen, por supuesto pensar en nuevos modelos y formas de organizar nuestra comunidad.