En estos días hemos visto dos noticias importantes sobre la Junta de Supervisión Fiscal y la Ley Promesa. Lo que más ha llamado la atención del público son las vistas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre posibles reformas a la ley. La otra noticia, cuya importancia no debe subestimarse, es que la Junta hizo una advertencia a los bonistas de que los fondos federales para la reconstrucción pueden ser mucho menos de lo que se esperaba y que la economía local podría no crecer como se había previsto.

Comencemos por la segunda. En la vista ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal, que preside el congresista Raúl Grijalva, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, le restó importancia al documento en el que se habla de la posible insuficiencia de los fondos federales y el consecuente debilitamiento de la economía local. Sin embargo, este es un asunto de importancia central, no meramente un escenario especulativo que podemos ignorar.

Si la Junta considera necesario advertirles a los bonistas, en una sesión cerrada de negociación, que los supuestos sobre las proyecciones económicas y fiscales pueden ser demasiado optimistas, entonces debería también considerar necesario advertirnos a los puertorriqueños que los compromisos de repago que conllevan los planes de ajuste sometidos al tribunal de Título III podrían ser insostenibles.

No es algo trivial, sino medular. En el documento de la Junta se habla de que los fondos podrían bajar de 69 mil millones de dólares a sólo 39 mil millones de dólares. Una diferencia de esa magnitud tendría el efecto de reducir notablemente el crecimiento de la economía en los próximos cinco años, y, con ello, se reduciría también el margen que tendría Hacienda para pagar intereses y principal de los nuevos bonos a emitirse bajo los planes de ajuste.

En lugar de darle la debida importancia a este posible escenario, la Junta presentó el plan de ajuste como un proyecto sólido con supuestos firmes, dando por sentado que el gobierno local tendrá la capacidad financiera de cumplir con las nuevas promesas a los bonistas. ¿Por qué, entonces, sugerirle a los bonistas la posibilidad de un panorama tan sombrío como el que se pinta en el documento citado recientemente en la prensa?

Es más interesante aún el hecho de que los bonistas hayan aceptado el plan de ajuste a pesar de estas advertencias. Esto significa que están dispuestos a correrse el riesgo de que el gobierno local no cumpla con los planes de estabilización fiscal y reformas económicas, y que el gobierno federal no cumpla con la promesa de apoyar la plena reconstrucción de Puerto Rico.

Parece ser que los bonistas aceptaron un arreglo que consideran viable sin que el mismo tenga el respaldo completo de un programa de reformas y consolidación fiscal. Siendo así las cosas, podría pensarse que la Junta y Promesa ya lograron el propósito para el cual fueron creados: hacer posible un arreglo con los bonistas que el gobierno de Puerto Rico no hubiera podido lograr por sí solo, por carecer de credibilidad y poder de negociación.

Lo que queda por hacer—reconstruir la infraestructura, reformar la economía, garantizar la capacidad de proveer servicios públicos esenciales, incluyendo el pago de pensiones—es vital para nosotros, pero no para los bonistas. En ese sentido, la Junta ya no hace falta, ni la Ley Promesa. Porque con Junta o sin Junta, las tareas pendientes descansarán en el gobierno local, y es mejor pasarle de una vez la responsabilidad total por las mismas.

Podría argumentarse que el gobierno de Puerto Rico todavía necesita supervisión externa para continuar con las tareas pendientes. Pero la realidad es que la Junta, hasta ahora, no ha tenido la capacidad de imponer presupuestos o reformas. Más aún, el gobierno tiene ahora algo que no tenía cuando se aprobó la Ley Promesa: un cinturón de castidad fiscal que le obliga a destinar por lo menos 1,500 millones de dólares al año para la deuda. La austeridad ya está grabada en piedra, a menos que se declare otro evento de incumplimiento en el futuro.

Enfocadas desde esta perspectiva, las enmiendas propuestas por el congresista Grijalva y sus aliados a la Ley Promesa pueden ser la antesala a una revisión total del proyecto completo. Es cierto que ahora no parecen tener posibilidad de aprobarse, pero el cambio siempre parece cuesta arriba en los primeros pasos.