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Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) interviene en un país que sufre de una crisis fiscal colabora con el gobierno local para desarrollar un plan que permita superar la crisis a un plazo que se estime razonable. Típicamente, el FMI le impone al gobierno restricciones financieras, le exige que tome medidas para fomentar el crecimiento económico y establece un régimen de supervisión para asegurarse de que los términos del acuerdo se cumplan. A cambio, el gobierno del país recibe asesoramiento técnico y –lo que es muy importante– fuentes de crédito directo o a través de líneas de crédito. De esta forma, los requisitos y la asistencia del FMI constituyen un quid pro quo.
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