La crisis global del coronavirus ha creado respuestas gubernamentales salubristas y económicas dramáticas a nivel nacional y local. El gobierno de Puerto Rico ha emitido boletines administrativos en que declaró una emergencia nacional, controló estrictamente el movimiento de ciudadanos y ordenó el cierre de negocios. 

Por su parte, el tribunal federal para Puerto Rico pospuso casi todos los procedimientos hasta abril, excepto los asuntos bajo la “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Development Act” (“Promesa”), que por orden conjunta del Tribunal de Distrito federal de Puerto Rico y el Tribunal de Promesa continúan sin interrupción.  

El Primer Circuito de Apelación tampoco ha paralizado sus decisiones en los casos sobre la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. 

En la opinión emitida por la jueza Sandra Lynch este pasado jueves (Andalucian Global Designated Activity Company, et al, USCA First Circuit #20-1065), el Apelativo confirmó la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, que preside el tribunal creado bajo Promesa, para denegar una petición de bonistas de los Sistemas de Retiro gubernamentales (ERS, por sus siglas en inglés).  

La demanda inicial radicada por los bonistas de ERS fue desestimada por la jueza Swain, a base de que la sección 926 del Código de Quiebras federal concede discreción al  tribunal para denegar la solicitud de nombramiento de un síndico para iniciar demandas de recobro, que el propio deudor (ERS) decidió no llevar contra el gobierno de Puerto Rico por el traspaso de los fondos de retiro al Fondo General. 

La controversia gira alrededor del “standing” derivativo de bonistas para llevar a cabo demandas de recobro contra terceros cuando el deudor rehusó iniciar la acción.  

En Andalucian el tribunal apelativo decidió que no cometió error la jueza Swain al denegar la petición de los bonistas, añadiendo un segundo golpe a los bonistas de ERS, ya que el 30 de enero de 2020 el mismo tribunal determinó que estos no tenían un “interés propietario” en las contribuciones de los empleados hechas post-radicación de la quiebra de ERS.  

El Apelativo estableció que la negativa de un deudor como ERS a instar demandas de recobro contra otras entidades es razonable, al hacerse dentro de la negociación con acreedores para acordar un plan de ajuste de deuda a ser sometido al tribunal. 

Sin embargo, el mensaje importante que surge de la opinión del Apelativo es la explicación de la jueza Lynch sobre la diferencia entre un caso de insolvencia gubernamental y uno de quiebra de negocio: la rehabilitación de un negocio busca el balance entre los intereses de acreedores y el deudor; mientras que en la insolvencia gubernamental, se trata de “permitir al deudor municipal o territorial la oportunidad de continuar sus operaciones mientras se ajustan las obligaciones a sus acreedores”. 

Dicho mensaje también podría tener aplicación en el caso de Título III del gobierno central, en cuanto a las negociaciones pendientes con bonistas disidentes que no han entrado al acuerdo de apoyo al Plan de Ajuste de Deuda del gobierno de Puerto Rico.

El Tribunal Apelativo también encontró que la jueza Swain actuó correctamente al basar su decisión en parte en las secciones 303 y 305 de Promesa, que establecen que dicha ley no limita el ejercicio de los poderes políticos o gubernamentales del territorio y que prohíbe la intervención en propiedades o ingresos del territorio. 

Esta decisión es importante para el gobierno de Puerto Rico, ya que valida las enmiendas al Sistema de Retiro de 2017 que impusieron la transferencia de activos del SER al Fondo General, el pago por el gobierno de las pensiones individuales y la eliminación de la contribución del patrono. Además, fortalece los poderes reservados del Commonwealth bajo las secciones 303 y 305. 

La Junta de Supervisión Fiscal también aprobó la petición del gobierno para extender hasta el 15 de abril la fecha para enmendar el Plan Fiscal, indicando que posiblemente prorrogaría la certificación del mismo por la inseguridad de la situación actual y, autorizó el uso de la totalidad de los fondos de reserva del gobierno para afrontar la crisis del país.