Diariamente, somos testigos del enfrentamiento entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal. Por un lado, las propuestas de presupuesto y las prioridades de los funcionarios electos y, por otro, la visión de la Junta. Esta rivalidad la han captado más palpablemente quiénes serán afectados por los recortes y la eliminación de derechos adquiridos que pretende imponer la Junta.

No obstante, independientemente de que se cuestionen la legitimidad y la filosofía económica de la Junta, nada impide que los funcionarios electos aprovechen la coyuntura para revisar algunas partidas del presupuesto para evaluar su deseabilidad, particularmente teniendo en cuenta la crítica situación fiscal. Una de las partidas que más molesta a nuestros conciudadanos es las escoltas de los exgobernadores (más de $12 millones anualmente). Sólo dos han renunciado a éstas mientras, cuestionablemente, la mayoría las ostenta a pesar de vivir en una situación económica superior —y por mucho— a la de aquéllos que, con nuestras contribuciones, se las financiamos.

Hace poco escuché a un legislador —increpado por un periodista sobre esto— expresar que la Asamblea Legislativa está impedida de actuar debido a una decisión de nuestro Tribunal Supremo. Supongo que se refería al caso de Hernández Colón y Romero Barceló v. Policía de Puerto Rico (2009 TSPR 154). Debo puntualizar que nada de lo resuelto por el Supremo impide que la Asamblea Legislativa, particularmente en estos momentos, elimine ese millonario e innecesario gasto. En dicho caso no estaba en controversia la validez de ninguna ley sino la directriz del gobernador Aníbal Acevedo Vilá al Superintendente de la Policía en la que requería la suspensión de escoltas a los exgobernadores.

Esa directriz es lo que fue cuestionado gracias a esa impredecible alianza entre dos exadversarios. El tribunal resolvió que la actuación del Superintendente no recaía dentro de su marco discrecional de acción. Es decir, no existía una ley que le permitiera actuar de esa forma o, en la alternativa, una ley que eliminara las escoltas. Aclarado lo anterior, cabe preguntarse si sería válida hoy una ley que eliminara, prospectiva y retroactivamente, esas escoltas. La respuesta es sí.

En Dominguez Castro v. Gobierno de Puerto Rico, (2010 TSPR 11) nuestro Tribunal Supremo evaluó los reclamos de varios trabajadores sobre la inconstitucionalidad de la Ley 7. Argumentaban éstos que dicha ley afectaría, entre otros asuntos, los derechos adquiridos por dicho sector. En su decisión, el tribunal reconoció la crisis fiscal en 2009 para, así, establecer que se pueden menoscabar las obligaciones contractuales del estado hacia las personas y corporaciones si ello se realiza para promover un interés importante en beneficio del bienestar general. Señaló, además, que, al cuestionarse la validez de una legislación a esos efectos, debe darse deferencia a la determinación del legislador respecto a la necesidad y conveniencia de lamedida. En caso de que los exgobernadores planteen que tienen un derecho adquirido en relación con las escoltas, en el mismo caso se señala que no todo interés propietario es, a su vez, un derecho adquirido. Se debe analizar, igualmente, si las condiciones existentes en el país crean una “expectativa razonable de continuidad”.

¿Quién podría tener más expectativa de continuidad ante la actual debacle económica: un empleado público, con su jornada de trabajo, o un exgobernador con la eternidad de su escolta? Pregunto más. ¿Qué es más importante para el bienestar general en medio de una crisis económica más severa que la identificada por el Supremo cuando la Ley 7?

Ante la insostenible postura de la mayoría de los exgobernadores de no renunciar a sus escoltas —y demostrar, haciéndolo, su solidaridad con sus conciudadanos— se requiere un legislador que presente un proyecto de ley a esos efectos. No hacerlo implicará reafirmar que de los sacrificios que la crisis económica “exige” está exento un selecto grupo; esos que, irónicamente, fueron sus mayores responsables.