Punto de vista

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Sobre la retroactividad y el castigo

¿Qué significa afirmar que se tiene un derecho fundamental? Implica que existe un estándar respecto al respeto que tanto el Estado, como quienes convivimos en sociedad le debemos a cada uno de sus miembros. ¿Y qué sucede si ese derecho fundamental lo afirmamos en un momento determinado en la historia? ¿Significa eso que quienes precedieron ese momento no tenían ese derecho fundamental? Por supuesto que no; si así fuera, no habría debates sobre la importancia de reparar y reconocer a aquellos que fueron víctimas de sistemas inhumanos, discriminatorios y cuya violación a sus derechos ha tenido implicaciones por generaciones. 

Eso es lo que está en debate cuando hablamos del reconocimiento retroactivo del derecho de una persona a que, si va a ser privado de libertad, sea juzgado por un jurado unánimemente. Hay un grupo de personas a quienes el Estado les privó de su libertad con un estándar por debajo del reconocido como derecho fundamental y no dejan de tener ese derecho ni de sufrir las consecuencias de su privación porque el pronunciamiento de un Tribunal haya sido en abril 2020. Lo contrario sería decir que estuvo bien o que el tiempo pasado hace irrelevante que se discriminara por siglos o se les violentara sus derechos a las personas negras, mujeres, homosexuales, entre otras. ¿Cómo se puede entonces reparar lo hecho? Una forma sensible es precisamente permitirles solicitar un juicio nuevo porque es su libertad la que está en juego y la libertad no es poca cosa.

Nada de lo anterior despinta que en cada uno de esos casos lo que puso a funcionar la maquinaria del Estado fue un delito, un acto que ocasionó un daño irreparable, sufrimiento, dolor y duelo a muchas personas. Por esta razón, es importante detenernos y no cerrar la controversia en el tema de la retroactividad. Definitivamente el Estado tiene la responsabilidad de atender la dignidad de las víctimas involucradas y establecer procesos para que estas puedan sentirse del algún modo reivindicadas y acompañadas. Pero la pregunta es y siempre ha sido, ¿cómo? ¿Mediante qué procesos y a través de qué instituciones? Quizás sea buen momento para exigir de la Legislatura y del Estado una conversación amplia sobre el cómo, sobre la realidad de que el sistema punitivo actual ha fracasado y que también es inhumano. 

Lo que algunos llaman el sistema de justicia es un sistema fallido en que el Estado, a través del castigo y la retribución, se limpia las manos frente a las víctimas y las expropia de su dolor, queriéndolas representar a través de un proceso retrógrado de castigos y penas que muy poco hace por ellas. Luego las abandona y nada cambia. No hay procesos de sanación y duelo cuando el Estado no atiende las causas recurrentes que en primer lugar producen los patrones de delitos y de violencia; cuando se conforma con encerrar por toda una vida y no le da seguimiento a quien ocasionó el daño para que pueda tramitar lo hecho y transformarse. No hay dignidad para la víctima, ni para quien delinquió ni para la sociedad que sufre las consecuencias cuando no hay procesos de justicia restaurativos ni transformadores. No hay verdadera justicia cuando no se tramita el duelo privado y el colectivo porque no se es capaz de lidiar con las raíces de esa violencia.  

La Legislatura tiene la responsabilidad de, junto a remediar la falta de haber privado de libertad sin que haya habido una determinación unánime, comenzar un proceso para reconocer que el sistema punitivo y de justicia criminal actual es fallido y retrógrado. Hace falta una reforma profunda que reconozca que otros modelos de justicia, restaurativa, transformativa, son y han probado ser posibles.