Una de las preguntas que se repiten desde que comenzaron a sentirse los terremotos en diciembre de 2019 se refiere al impacto de los temblores sobre los procesos pendientes bajo Promesa y la reconstrucción de la economía. 

Ante la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el Tribunal creado bajo la ley Promesa, se encuentra un Plan de Ajuste de la Deuda de Puerto Rico que impacta al pueblo por cuarenta años y un Acuerdo para la Restructuración de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (“RSA”, en inglés), que podría agravar la situación de Puerto Rico. 

Este pasado miércoles, en una vista ante el Tribunal de Promesa, Martin Bienenstock, abogado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó que no tiene información sobre los terremotos que justifique cambiar los planes de la Junta sobre la restructuración de la deuda de Puerto Rico. 

A la vez, Bienenstock solicitó posponer la discusión del RSA, cuya vista ha sido pospuesta en varias ocasiones. 

Según reportado, la posposición del RSA se debe a la necesidad de conseguir la autorización de la Legislatura local a la emisión de los bonos para restructurar la deuda de la AEE y extender el tiempo para negociar con entidades privadas para la operación de la red eléctrica.

Pero más trascendental resultó el anuncio hecho por Bienenstock de que los procesos de mediación deberán producir resultados positivos que serán anunciados en marzo. 

Se trata de transacciones de demandas contra bonistas, donde la Junta solicita anular los gravámenes y prioridades, transacciones que el tribunal ha estimulado continuamente y que resultan indispensables en la aprobación de un Plan de Ajuste de Deuda para el gobierno. 

A la vez, un grupo de congresistas demócratas escribieron a la Junta requiriéndole enmiendas “inmediatas” al Plan Fiscal de la AEE y la reconsideración del RSA, para evitar el aumento en los costos de electricidad que ambos documentos exigen y cuestionando la dependencia en fuentes de energía fósiles y gas natural, en vez de recursos renovables. 

La carta del Congreso menciona que el RSA incluye estimados basados en la operación de la planta Costa Sur que fue destruida por terremotos y que suplía costos de energía menores, y que la AEE tendrá que compensar por daños estructurales. 

Según los congresistas, el RSA aumenta el cargo de transición por un 64%, los aumentos reducen el producto nacional en 22.28%, causan pérdida de empleos (170,176), aumentan el índice de consumo en 223% y familias necesitadas incurrirán en gastos de hasta 42% de sus ingresos para pagos de facturas energéticas.

Ante la crisis, la gobernadora ha establecido medidas de emergencia y  una Orden Ejecutiva (OE-2020-010) para eximir a contratistas y agencias en los procesos de contratación gubernamental, acción que ha sido cuestionada por la Junta por resultar inconsistente con el Plan Fiscal certificado. 

A la vez, en la vista del miércoles, los abogados de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal indicaron al Tribunal que la generatriz Costa Sur será reemplazada por plantas de generación energéticas de “emergencia” para sustituir los 500 megavatios (una cuarta parte de las necesidades de la Isla) comenzando con requerir propuestas privadas (RFP, en inglés) este mes.

No hay duda que entre los toldos azules y los campamentos de refugiados existe un cuadro completamente nuevo post-terremotos, en donde los procesos actuales de resolución de la insolvencia de Puerto Rico bajo Promesa exigen una estrategia mucho mas agresiva del Congreso y las autoridades locales. 

Más que nunca, la emergencia requiere un esfuerzo no partidista de todos los sectores políticos y sociales (locales y continentales) para enfrentar las necesidades de miles de residentes de la Isla, asunto que podría terminar en una crisis humanitaria de las peores sufridas por cualquier grupo de ciudadanos americanos.