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El presidente Donald Trump no se ha distinguido por ser simpático con los puertorriqueños. Sin embargo, su decisión de poner en orden el nombramiento de los siete miembros actuales de la Junta de Supervisión Fiscal puede ahorrarle a la isla una gran dosis de incertidumbre. En ese sentido, es quizás la manera más sensata y responsable de resolver el problema legal que se creó cuando un tribunal federal de apelaciones declaró inconstitucional la forma en que el presidente anterior y el Congreso nombraron a estas siete personas.
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