El presidente Donald Trump no se ha distinguido por ser simpático con los puertorriqueños. Sin embargo, su decisión de poner en orden el nombramiento de los siete miembros actuales de la Junta de Supervisión Fiscal puede ahorrarle a la isla una gran dosis de incertidumbre. En ese sentido, es quizás la manera más sensata y responsable de resolver el problema legal que se creó cuando un tribunal federal de apelaciones declaró inconstitucional la forma en que el presidente anterior y el Congreso nombraron a estas siete personas.

A muchos no les va a gustar la decisión de Trump. No les va a gustar a los bonistas que consideran que los miembros actuales de la entidad no protegen adecuadamente los intereses de los acreedores. De hecho, hace apenas unos días, la agencia acreditadora Moody’s prácticamente abogaba por que se nombre una junta nueva con personas más inclinadas a favorecer a los bonistas.

Tampoco les va a gustar a muchos miembros del gobierno local, y de la Legislatura. En momentos en que se plantea un posible enfrentamiento con la junta por el presupuesto para el próximo año fiscal, la decisión de Trump revalida la autoridad de las siete personas que han estado tratando, hasta ahora sin mucho éxito, de imponer un control externo al proceso presupuestario.

No les va a gustar tampoco a las muchas personas que les han tomado mala voluntad a los siete miembros actuales de la junta en los pasados dos años y medio. La realidad es que la junta existente ha dejado bastante que desear en cuanto a los beneficios que se supone que nos reporte en comparación con los sacrificios que viene exigiendo. No hay muchos que defiendan su gestión.

Sin embargo, mantener la composición de la Junta, sacándola del limbo legal en que la dejó la decisión del Tribunal de Apelaciones, le da una continuidad al proceso ya iniciado que nos encamina por la ruta de menor incertidumbre. Y, a estas alturas, cualquier acción de las autoridades de Washington que siembre más dudas sobre la estabilización fiscal y la renegociación de la deuda haría más daño que bien.

Quedan cosas importantes por decidir, como el destino final de los $6 mil millones en bonos de obligación general que han sido impugnados por la Junta, y la renegociación del resto de dichos bonos. Pronto habrá que comenzar a zanjar acuerdos sobre el ajuste, si alguno, a las pensiones de los empleados públicos. Y todo esto se hará en el tramo inicial de la próxima campaña electoral. El presidente Trump ha despejado un poco la cancha para esta etapa avanzada del partido.