En la Universidad de Harvard, bajo el palio del Center for Latin American Studies del Instituto David Rockefeller, se celebró en abril el foro “Trouble in Paradise: Puerto Rico after María” para discutir, interdisciplinariamente, los efectos y condiciones en nuestro país como secuela del paso del huracán.

En el evento compartimos lo que, a nuestro juicio, es la percepción de los residentes de Puerto Rico sobre la respuesta federal a esa crisis, que provocó la muerte de alrededor de 3,000 personas y la devastación del país. Si bien son muy conocidas las reacciones del gobernador y de la alcaldesa de San Juan sobre el particular, era relevante difundir el sentir del pueblo sobre las comisiones y omisiones del gobierno federal después de María.

El proceso de identificar ese sentir estaría incompleto si no se incluyen tres eventos previos al huracán. Primero: el reconocimiento de las autoridades de que el gobierno no tenía, ni tiene, los recursos fiscales para pagar la deuda pública de $72,000 millones. Segundo: la decisión emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Sánchez Valle, en el que se reafirma el estatus territorial de Puerto Rico y que el proceso de aprobar nuestra constitución en 1952 no implicó un pacto entre ambos pueblos puesto que el Congreso nunca ha delegado ni renunciado a su autoridad sobre Puerto Rico, la cual ejerce en virtud de la cláusula territorial de la constitución federal. Debe sumarse la aprobación del “Puerto Rico Oversight, Management and Economical Stability Act (Promesa) y la creación de la Junta de Control Fiscal, que tiene plena autoridad sobre asuntos fiscales del país.

A esos eventos se suman el paso del huracán y la lenta respuesta del gobierno federal y de Trump. Mucha gente se pregunta también cómo el malestar resultante ha afectado el sentir de los puertorriqueños sobre el tema del estatus. A nuestro entender, pueden identificarse tres corrientes principales.

La primera se arraiga en un sector de la población para el que la crisis ha acentuado su sentido de dependencia y baja autoestima —tan normal en colonias y territorios— y ha provocado su aceptación de cualquier relación cercana o permanente con los Estadios Unidos, incluido un estatus territorial. En la segunda se ubica otro sector, que ya estaba molesto con la situación política existente y para el que la respuesta del gobierno federal ha exacerbado su incomodidad. En ese sentido, ambos sectores desean un cambio pronto, ya sea a favor de la independencia o de una estadidad “fast track”.

La tercera corriente la componen personas que vieron en la crisis una oportunidad de transformación y que estuvieron activas en atender los problemas que generó el huracán, sin necesidad de apoyo del gobierno estatal o federal. Ahí está la movilización de cientos de personas y grupos que colaboraron en la conexión eléctrica, en proveer alimentos y medicinas, en la remoción de escombros y en asesoramiento legal gratuito, entre otros tantos servicios. Se trata de un sector de gran diversidad ideológica que aspira a una solución de estatus definitiva fuera de la cláusula territorial.

Con honestidad intelectual, es muy difícil concluir cuál de los tres grupos es el más numeroso. No obstante, me parece evidente que el tercero es el más relevante en la medida en que puede valorar las distintas opciones sin estar su proceso matizado por un sentido extremo de dependencia; y en la medida, también, en que sus integrantes mismos proyectaron su capacidad de enfrentar la crisis.

Quizás el huracán fue un detonante para ver con mayor claridad tanto nuestras realidades como nuestras posibilidades. Ese ambiente de optimismo fue el que, precisamente, permeó la actividad del pasado abril. Es un buen comienzo. Lo importante es darle continuidad.