

Este pasado lunes, la gobernadora anunció un sinnúmero de medidas de gran simpatía para la mayoría de los electores. Una de estas consiste en celebrar un referéndum para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones. Ello, en teoría, parecería implicar que las pensiones estarían protegidas por la Constitución y, por lo tanto, no podrían trastocarse. Es decir: que ni los bonistas, ni la Junta de Control Fiscal ni la Legislatura podrían menoscabarlas, salvo de la manera que se establezca en el texto de la enmienda constitucional (orden de prelación, etc.).
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