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Fijemos dos puntos para que no haya equívoco. Primero, es imposible recortar $300 millones del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico sin afectar negativamente la calidad académica y los servicios esenciales de la institución. Segundo, es imperativo que la UPR se reestructure de acuerdo a criterios de excelencia académica, eficiencia administrativa y buena gobernanza (transparencia, rendición de cuentas, equidad, efectividad y participación democrática).
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