La propuesta de hacer retroactiva la norma sobre veredictos unánimes ha generado un impresionante, necesario y enriquecedor debate. No obstante, este se polarizó; como si la controversia residiera en a quién se favorece: a las víctimas o a las personas convictas. Planteado de esa manera —aunque no sea correcto— es difícil, en principio, no escoger el lado de las víctimas ya que lo humano es sentir empatía y solidaridad por estas. La defensa de los derechos de personas acusadas de delito, por otro lado, es una causa antipática para, probablemente, la mayoría de la población.

La abogacía, sin embargo, tiene la obligación de defender causas justas, aunque sean antipáticas. No debemos defender únicamente causas que propicien aplausos fáciles. Lo digo desde una experiencia vital muy importante para mí: como fundador y director del Proyecto Inocencia de Puerto Rico, adscrito al Innocence Project Network y a la Red Inocente, y cuya meta es identificar y representar a personas confinadas por condenas erróneas. 

Durante el debate reciente, se han escuchado muchos argumentos en contra de la retroactividad del requisito de unanimidad. Algunos enfatizan los problemas administrativos y los costos fiscales que generaría la implantación. Preocupa que se plantee que los problemas administrativos o de costos sean más importantes que corregir condenas potencialmente erróneas. ¿Es que —acaso inspirados en Richard Posner— un “análisis” económico del Derecho va por encima de la justicia? 

Otro argumento cuestionable: “¿Cuál es la prisa…? …esperemos por la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos…” ¿Quién puede promover que deleguemos esa decisión a nueve jueces nombrados por un presidente y confirmados por unos senadores por los cuales no votamos? Me imagino que aquellos que no tienen prisa nunca han pisado una institución penal. No saben lo que es estar privado de libertad días, meses y años o tener a un padre, hijo o esposo recluidos y, en muchos casos, injustamente. ¿No son todos ellos víctimas también?

El argumento más difícil de objetar es el de la doble victimización de las víctimas, las cuales tendrían (en la gran mayoría de los casos) que volver a declarar y revivir momentos de angustia. Es difícil no estar de acuerdo. No obstante, debemos preguntarnos: ¿qué es peor: que las víctimas tengan que declarar nuevamente o impedir que personas convictas —mediante el injusto y discriminatorio veredicto por mayoría— tengan la posibilidad de un juicio con un veredicto por unanimidad, como se requiere constitucionalmente? ¿Cómo puede argumentarse que personas procesadas en determinado momento tienen derecho a un nuevo juicio por unanimidad y no los que fueron procesados un día antes? ¿Cómo puede trazarse una línea divisoria tan arbitrariamente en el ejercicio de un derecho fundamental?

Para el Proyecto Inocencia es esencial apoyar legislación que pueda subsanar condenas erróneas. No tenemos duda de que los veredictos mayoritarios promueven poco rigor en la valoración y discusión de la prueba. Ello se ilustra con la forma de operar los jurados en Puerto Rico. Es muy probable que, a minutos de comenzar la deliberación, se emita un voto preliminar para conocer la postura de cada miembro del jurado sobre la decisión final. En la medida en que esa primera votación sea 9-3, 10-2 u 11-1, se crea un efecto inhibitorio en el análisis de la prueba porque, en principio, no hay que convencer a nadie: ya hay un veredicto en ciernes. La unanimidad requiere que se escuche a esa persona que no está de acuerdo con los demás para poder convencerle de la culpabilidad del acusado. Ese proceso de convencimiento puede lograr que la mayoría convenza a la minoría o, incluso, que la minoría convenza a la mayoría. Independientemente de quién convenza a quién, lo que promoverá el requisito de unanimidad —por eso es fundamental— es el rigor en el análisis de la prueba y deliberación por parte del jurado. Es ese rigor lo que propiciará una decisión más a tono con la prueba desfilada y, por consiguiente, menos condenas erróneas.