Punto de vista

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Veredictos unánimes: ¿una legislación prematura sobre retroactividad?

Este escrito es la expresión de mi opinión. No es un memorando de derecho, no tengo estadísticas porque, aparentemente, nadie las tiene, y se fundamenta en mi experiencia como fiscal, jueza y abogada en la práctica privada de la profesión.

En la discusión pública que el tema de los veredictos unánimes ha generado, entiendo que no existe controversia en que la Constitución de Puerto Rico dispuso derechos incuestionables para las personas que sean acusadas de los delitos que allí se disponen, a la luz de las interpretaciones jurisprudenciales y legislación aplicable.

Entre estos se incluye el derecho a un juicio por jurado, es decir, doce ciudadanos con los requisitos dispuestos por ley, cuya determinación o veredicto será válido si concurren nueve o más de ellos en la determinación de culpable o no culpable. Los imputados de delito tienen derecho, a tenor con el debido proceso de ley, a renunciar a dicho derecho a juicio por jurado y solicitar que su caso se vea ante el juez que dirige los procedimientos. Esa renuncia tiene que ser libre y voluntaria, y los jueces y juezas examinan con gran detalle a los imputados para asegurarse de que es así y que han entendido el derecho que están renunciando.

Durante los pasados setenta y dos años se han celebrado múltiples juicios con veredictos no unánimes, que fueron confirmados por nuestro honorable Tribunal Supremo, convirtiéndose las sentencias en finales y firmes. Muchas de estas personas cumplieron sus sentencias fuera de una institución penal, mediante el privilegio de una sentencia suspendida o cumplieron el mínimo de su sentencia y se les permitió cumplir el término restante bajo el régimen de libertad a prueba. A tenor con nuestra legislación, personas convictas solicitaron que se eliminara su expediente criminal, luego del término dispuesto por ley y otros fueron indultados por los gobernantes que así lo hicieron.

No existe duda sobre la reciente determinación de la Corte Suprema de los Estados Unidos que reconoce el derecho a un veredicto unánime en los estados y que nuestro Tribunal Supremo acogió, disponiendo de manera similar en nuestro país, autorizando la celebración de un nuevo juicio en casos pendientes porque las sentencias no son finales y firmes. No puede existir duda en que ni la Corte Suprema de los Estados Unidos, ni nuestro Tribunal Supremo han reconocido el derecho de retroactividad o de solicitar un nuevo juicio a los convictos mediante veredictos no unánimes cuyas sentencias se convirtieron en finales y firmes.

Dicho lo anterior, me refiero ahora a las controversias que el Proyecto del Senado 1590 provoca y que genera esta discusión pública, en momentos en que la gente de nuestro pueblo se esfuerza por resolver los problemas que huracanes, temblores y pandemia les provoca. Comienzo opinando, con mucho respeto a aquellos cuyos argumentos y posiciones para tratar de justificar la prisa para aprobar esta legislación sean diferentes a lo que expreso, que no existe ningún fundamento válido que sostenga esta carrera de quién llega primero. Esto, porque no es cierto que esos veredictos cuyas sentencias son finales y firmes no fueran conforme a la ley ni a la Constitución. Se celebraron al amparo de nuestra Constitución y nuestras leyes y en aquellos pocos casos en que se hizo el planteamiento de unanimidad, se rechazó dicho planteamiento y se reafirmaron los veredictos por los tribunales apelativos, convirtiéndose las sentencias en finales y firmes. Los tribunales resolvieron que esos veredictos eran válidos, que respondían a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico y que se cumplió con proveer a todos aquellos acusados el juicio justo e imparcial a que tenían derecho. En mi memoria, en los doce años como representante del Ministerio Público y los doce como jueza en salas penales, en los casos por jurado, nunca se hizo un planteamiento por un acusado o acusada de que se le violaran sus derechos porque no hubo un veredicto por unanimidad.

Ni la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuya decisión se utiliza en este momento en nuestra Legislatura para tratar de justificar la retroactividad de su decisión a los casos cuyas sentencias son finales y firmes, ni nuestro Tribunal Supremo reconocieron la urgencia inexplicable que aquí existe de liberar a aquellos convictos con sentencias finales y firmes de las mismas, concediendo un nuevo juicio. Me hago la misma pregunta que se hacen muchos, a la que se han dado respuestas que no son nada convincentes. ¿Por qué la prisa?

Uniéndome a la opinión del exjuez, honorable Hiram Sánchez Martínez, expresada en su columna del pasado jueves 28 de mayo, si en 72 años no se aprobó un proyecto para enmendar nuestra Constitución y establecer el veredicto por unanimidad, y el PS 1590 alegadamente se fundamenta en la determinación de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que no ha tenido ninguna prisa en resolver ese asunto de la retroactividad, aunque lo hará próximamente, ¿por qué no esperar? Hasta ahora, las decisiones judiciales que cambian nuestro estado de derecho solamente reconocen el derecho a un nuevo juicio a aquellos cuyo proceso no ha finalizado porque sus sentencias no son finales y firmes y los veredictos no fueron por unanimidad. Ellos y ellas tendrán la oportunidad de que se les celebre un nuevo juicio.

He leído y escuchado a algunos que tratan de confundir el planteamiento de inocencia de un convicto con la controversia sobre el derecho a un veredicto unánime. Aquellos que reclamen que fueron declarados culpables siendo inocentes, aún si hubiera sido con un veredicto unánime, tienen otros remedios en ley que nada tienen que ver con este tema.

En resumen, nada impide que se posponga este proyecto hasta que la Corte Suprema de los Estados Unidos aborde el tema delaretroactividad y lo resuelva. Los convictos, sus familiares, las víctimas de delitos y sus familiaresy el pueblo de Puerto Rico necesitan un ambiente de tranquilidad y sosiego que permita resolver los problemas inmediatos que les aquejan y no envolverse en controversias que en este momento no se justifican.