


Una enfermedad grave cambia la vida del paciente y de toda su familia. En Puerto Rico, esta realidad afecta a una proporción creciente de nuestra sociedad: según datos del Censo y del Departamento de Salud, más del 26% de la población supera los 65 años, lo que se acompaña de una alta prevalencia de condiciones crónicas y de cáncer. Al dolor y a la incertidumbre se suman decisiones difíciles y barreras de acceso. En ese momento de vulnerabilidad, recibir cuidados paliativos o de hospicio no es un lujo, sino una necesidad esencial de atención digna. Sin embargo, el reciente veto ejecutivo al Proyecto de la Cámara 253 cierra la puerta a la garantía legal de estos servicios para miles de familias puertorriqueñas.

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