Puerto Rico depende de la manufactura como su actividad económica principal. Esto lo causaron varias piezas legislativas federales que desde el 1921 concedían alivios contributivos. Las actividades en posesiones tenían costos más bajos de mano de obra, proveían estabilidad política y sus elementos comerciales más importantes, como la moneda y las aduanas, eran controladas por legislación federal.

Cuando Filipinas se independiza de Estados Unidos, Puerto Rico adquiere un rol protagónico en esta estrategia contributiva a partir del 1948 con la adopción de la Sección 931 del Código Federal. En 1976 Estados Unidos modifica la Sección 931 y la convierte en la Sección 936. Las exenciones federales se complementaron con leyes locales de incentivos. Desde 1948 hemos adoptado ocho estatutos locales para incentivar la manufactura por gobernadores de ambos partidos.

La Sección 936 recibió duros ataques. En 1993 el Government Accountability Office (GAO) emitió su informe GAO/GGD-93-109 donde dice que la Sección 936 tenía un costo anual para el gobierno federal de $2,600 millones. El estudio del GAO concluye que el beneficio contributivo por empleado era de $24,300 y que los salarios pagados por empleado eran solamente de $22,800. Lo que dicho estudio no indicó era el efecto multiplicador que tenían estas operaciones en Puerto Rico. En 1996 se firmó el Small Business Job Protection Act derogando de forma paulatina, en 10 años, la exención federal que cesó de existir a partir del año 2006.

Esta eliminación tuvo dos consecuencias. La primera fue que las corporaciones se convirtieron en la figura conocida como un “controlled foreign corporation” (CFC). Las CFCs no tenían exención federal y solo diferían la tributación federal hasta que se pagaran dividendos a Estados Unidos. Esto causó que la mayoría de las operaciones que se quedaron eran manufactureras con altos márgenes de ganancia. Una gran parte de las operaciones de manufactura con márgenes de ganancia más reducidos como fabricación de ropa o calzado, procesamiento de atún o componentes de computadoras abandonaron la isla. Dichas operaciones no regresaron a Estados Unidos sino fueron dispersándose por todo el mundo. El mecanismo de las CFCs perdió parte de su atractivo cuando la Reforma Contributiva Federal de 2017 les impuso una obligación contributiva corriente mediante una figura llamada Global Intangible Low Tax Income (“GILTI”).

En términos económicos estos incentivos tuvieron gran efecto en la isla. En 1950 la fuerza laboral de Puerto Rico era de 541,000 personas de las cuales 111,000 tenían empleos en el área de manufactura. Para 1995 la fuerza laboral había aumentado a 1,051,000 con 172,000 empleadas en manufactura. Para el 2018 nuestra fuerza laboral era de 971,000 de las cuales 89,000 estaban empleados en actividades de manufactura. El primer dato notable es que perdimos más de 80,000 empleos en el área de manufactura. Otro dato importante es que había muchosservicios como validación, logística, servicios financieros, consultoría y empaque que estaban estrechamente relacionados a esta operación. Finalmente se notaba el efecto multiplicador en la economía en la compra por tiendas o el valor de las propiedades.

Al día de hoy, una tercera parte de las contribuciones (más de $3,000 millones) del fondo general provienen de operaciones de manufactura. De acuerdo al informe económico del 2019 de la Junta de Planificación, el producto interno bruto de Puerto Rico es de $105,000 millones de los cuales el renglón mayor, $47,400 millones (el 45%) proviene de la manufactura.

Varias personas han criticado la gran dependencia que tiene Estados Unidos de productos manufacturados en China. Estos incluyen actividades de manufactura con pocos intangibles como computadoras, celulares, ropa, zapatos, placas solares y piezas de auto. Como consecuencia de la pandemia se está pidiendo que ocurra un retorno de dichas actividades a Estados Unidos o sus posesiones (“Reshoring”). Publicaciones en varios foros como Forbes, The Hill e Industry Week han resaltado la capacidad de Puerto Rico para realizar dichas actividades de manufactura. Recientemente fuimos mencionados como una alternativa por Peter Navarro, uno de los asesores económicos del presidente Donald Trump.

Hay dos propuestas de “Reshoring” ya presentadas. Está el HR 6648 Territorial Economic Recovery Act de la Comisionada Residente de USVI, Stacey Plaskett, que busca eximir a las posesiones de la obligación contributiva de GILTI. Este proyecto provee alivios no solo para la manufactura con márgenes reducidos sino que también favorece las que dependen mucho de intangibles. Esto nos permitiría ir tras operaciones localizadas en Alemania, Irlanda, Bélgica y Suiza. Además serviría como incentivo para que las operaciones que están aquí expandan sus actividades locales. Ha recibido críticas por tener cierto parecido con la Sección 936.

También está el HR 6443 Securing the National Supply Chain Act of 2020, de la comisionada residente Jenniffer González, que pretende dar unos créditos contributivos por pagos de salarios, gasto de depreciación y compras. El proyecto de la comisionada residente tiene la ventaja de que aplica CFCs o corporaciones de Estados Unidos localizadas en zonas en dificultades económicas (“distressed zones”). Estas zonas podrían estar en estados o posesiones lo que podría facilitar la obtención de endosos en el Congreso. Tiene la limitación de que puede que no sea tan favorable para operaciones con muchos intangibles.

Las propuestas proveen beneficios contributivos federales así que ambas representarían un costo para el gobierno federal. Entendemos que no se ha hecho el cómputo económico (“scoring”) de ninguna de ellas. También sabemos que la comisionada residente ha continuado discutiendo posibles enmiendas al HR 6443 con miembros de la industria y de asociaciones profesionales.

Es indudable que poseemosvarias cualidades (experiencia, nivel técnico de nuestra fuerza laboral y la localización geográfica) que nos hacen un lugar idóneo para el “Reshoring” de estas actividades de manufactura. La aspiración debe ser dual. Traer operaciones de manufactura nuevas para Puerto Rico e incentivar mayor inversión de las operaciones existentes. Las cartas del Reshoring están sobre la mesa. Ahora hace falta la voluntad de ir todos juntos con un mensaje unificado para pedir la herramienta económica que pueda salvar nuestra economía.