


Puerto Rico se enfrenta a un momento decisivo. El país atraviesa por retos económicos y fiscales que amenazan su futuro. Sin embargo, ya no basta con solo reconocer los problemas, pues la inacción podría estancar su desarrollo.
“Hay que tomar decisiones. No podemos hacernos los ciegos o pensar que no existen”, planteó el CPA David A. Rodríguez Ortiz, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.
Al hacer una radiografía, señaló como primer gran desafío la crisis de infraestructura en los servicios esenciales.
“Tenemos un sistema sumamente frágil, inestable, tanto la red eléctrica como en el manejo del agua, con altos costos en las tarifas. Y vemos que hay fondos federales asignados, pero falta ejecución para que se utilicen de forma ágil y no los perdamos”, puntualizó.
A esto se le añade lo que catalogó como “uno de los retos más grandes”, la acelerada transición demográfica.
La baja en nacimientos y la emigración constante de jóvenes profesionales reducen la fuerza laboral y aceleran el envejecimiento poblacional, lo que “presiona los sistemas de salud, pensiones y retiro”.
El panorama se torna más complejo ante la dependencia de asignaciones federales temporeras, particularmente ante el agotamiento de los fondos de Medicaid para 2027.
“Nuestro reto principal es cómo sostenemos una economía donde estos fondos van a ir mermando en los próximos 10 años”, indicó.
Los últimos dos escollos son la burocracia existente en la permisología –que complica el establecimiento de nuevos negocios– y la inflación estructural agravada por la dependencia de importaciones.
“Importamos más del 85 % de lo que consumimos y, cuando añadimos que tenemos el impuesto al inventario, esto encarece los bienes de consumo y las materias primas”, expuso el líder de los CPA.
Ante todo esto, Rodríguez Ortiz identificó oportunidades para que el país sea más competitivo y atractivo para la inversión.
El primer paso sería acelerar la modernización del sistema de generación y distribución eléctrica.
“Y tenemos que reducir el costo del kilovatio/hora. Si no lo hacemos, no seremos nunca competitivos a nivel industrial”, aseguró.
Como punta de lanza, insistió en la necesidad de implementar una reforma contributiva integral que simplifique el Código de Rentas Internas, reduzca las tasas sobre ingresos a individuos y corporaciones, y elimine el impuesto al inventario para garantizar reservas de suministros y piezas críticas.
Para sustituir estos recaudos, sugirió ampliar la base del impuesto al consumo para captar la economía informal, mientras se protege a la población de escasos recursos con un mecanismo automático de devolución.
“Se les da una tarjeta estilo débito, donde todos los meses, sin tener que llenar planillas, les devuelvan ese impuesto que pagaron porque es regresivo”, detalló.
También propuso centralizar y digitalizar la permisología para agilizar procesos, así como revisar constantemente los incentivos económicos para alinearlos con las industrias que Puerto Rico quiere desarrollar.
La meta de esta fiscalización es asegurar que los decretos se traduzcan en empleos bien remunerados y transferencia de conocimiento a la economía local “que nos ayude a atraer nuevas entidades, nuevas industrias”.
Finalmente, recomendó la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones.
“Si queremos una economía de conocimiento y exportación, tenemos que tener conexión al mundo. El Internet nos da esa conexión”, resaltó.
La tecnología, mientras tanto, podría convertirse en una herramienta para atender algunos de estos problemas.
Rodríguez Ortiz visualiza aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en la fiscalización y la administración gubernamental, con capacidad para auditar fondos públicos, agilizar permisos, cruzar datos contributivos en tiempo real e, incluso, anticipar fallas críticas en los sistemas de agua y energía.
Su visión abarca también la manufactura inteligente –donde la IA y la robótica pueden potenciar sectores farmacéuticos y de dispositivos médicos, que “son el 45 % del Producto Interno Bruto”–, así como la agrotecnología, para optimizar el uso del agua y proporcionar seguridad alimentaria.
En toda esta transformación, el papel del CPA será clave: “Nos hemos convertido en un estratega principal”, apuntó.
Desde esa posición, los profesionales pueden participar en la fiscalización de fondos públicos, diseño de controles, evaluar inversiones tecnológicas, mitigar riesgos y aportar al diseño de políticas públicas.
Mientras, pueden ayudar a pequeñas y medianas empresas a acceder a capital y desarrollar estrategias para enfrentar escenarios de incertidumbre.
Esta visión de futuro, sin embargo, va más allá de grandes inversiones o reformas gubernamentales; requiere fortalecer, también, la economía local.
“Vamos a tratar de adquirir servicios y productos de aquí porque lo que aquí invertimos, aquí se queda”, destacó.
Porque el crecimiento económico puede comenzar desde la solidaridad cotidiana.
“Esa es la visión que tenemos que tener: ver de qué forma la otra persona puede mejorar para que nosotros como grupo, como país, podamos mejorar a largo plazo”, remató.
El autor es periodista colaborador de Suplementos.

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