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Por entender que el proyecto de la Cámara 1122 se basa en premisas “problemáticas” y “paradójicas”, los fiduciarios privados del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTI) pidieron formalmente al gobernador y científico Ricardo Rosselló que se abra el diálogo sobre la organización.
Además, advirtieron que “no existe justificación basada en mérito” para que esa medida ordene la destitución de la directora ejecutiva Lucy Crespo.
“Como fiduciarios hemos evaluado anualmente su labor, y ella ha ejecutado magníficamente”, afirma la carta sobre el nombramiento hecho en marzo de 2015.
“Creemos que los auspiciadores del proyecto 1122 no consideraron cómo la credibilidad de Puerto Rico y del Fideicomiso se impactarán al destituir a una líder efectiva a quien universalmente se le reconoce haber sido seleccionada a base de su probado mérito y no otras consideraciones”, indican los suscribientes.
La carta en poder de El Nuevo Día está firmada por el doctor puertorriqueño Daniel Colón Ramos, profesor y neurocientífico de Yale University; Alfredo Casta, fundador de Cascades Technologies; Gualberto “Gil” Medina, exsecretario de Comercio de Nueva York y ejecutivo de bienes raíces; y por el doctor Sir Salvador Moncada, integrante de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, y facultativo de Ciencias Médicas de la Universidad de Manchester.
En cuanto a reemplazar el actual Consejo de Fiduciarios, que combina representación de jefes de agencia con los fiduciarios privados que, por ley, tienen que cumplir altos estándares de reconocimiento en sus respectivos campos, los firmantes subrayaron que “la estructura propuesta no atraerá a las mejores mentes con peritaje de clase mundial que Puerto Rico necesita”.
“Existe una paradoja inherente al querer aumentar la representación del sector ‘privado’ y a la vez convertir a esos ciudadanos en funcionarios públicos”, plantea la misiva en alusión al proceso propuesto para los síndicos que, según la medida, serían nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado.
“Como ejecutivos, emprendedores y científicos, pensamos que la independencia del Fideicomiso ha contribuido a lacredibilidad de la organización y es crítica para el actual y futuro éxito de Puerto Rico en la economía global del conocimiento”, afirmaron.
Sobre el acceso a fondos que no sean las asignaciones públicas destinadas por la ley actual, los firmantes levantaron bandera de que el intento de convertir al Fideicomiso en una entidad gubernamental limitará “su capacidad de asegurar fondos de fundaciones privadas y de oportunidades federales destinadas al sector sin fines de lucro”.
Perder estos fondos ya es una fuerte posibilidad, toda vez que el Fideicomiso maneja una subvención de $65 millones, que le confirió el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) precisamente por ser una organización privada sin fines de lucro.
“Aunque siempre hay necesidad de mejora continua, también creemos, a base de nuestras experiencias sirviendo en juntas nacionales e internacionales, que los cambios propuestos contradicen la gobernanza y políticas necesarias para fomentar innovación y emprendimiento en Puerto Rico”.
“Por el contrario, aunque bien intencionado, creemos que el Proyecto 1122 impedirá los esfuerzos de Puerto Rico para reclamar liderazgo en le economía de la innovación”, concluyen.
Los fiduciarios finalizaron la carta abriendo la puerta a discutir con el gobernador Rosselló y la comunidad científica y empresarial cómo se puede mejorar la efectividad del Fideicomiso, “a base de evidencia y datos”.
