En Puerto Rico, el acceso a un centro de cuido infantil no solo es un reto económico; es un desafío geográfico y de seguridad.

Una investigación reciente reveló que la ubicación de los centros de cuido en la isla responde a una infraestructura vulnerable y una planificación que pone en riesgo a las comunidades más expuestas al cambio climático y a los riesgos naturales como inundaciones, erosión costera, deslizamiento de tierras, huracanes y otros fenómenos atmosféricos.

Durante el 3er Simposio de Educación Climática y Sociedad, organizado por El Puente Puerto Rico y que culmina mañana, sábado, se expuso este viernes el estudio elaborado por Solange Otero Rivera en el Instituto de Investigación Psicológica de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, el cual advierte que la mayoría de estos espacios esenciales opera en zonas de alto riesgo ambiental, mientras que las áreas rurales enfrentan una exclusión sistemática de acceso.

“Muchos centros están ubicados en zonas donde, en caso de una emergencia atmosférica, la comunicación y el acceso serían extremadamente limitados”, indicó Otero Rivera, estudiante de Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales.

El análisis georreferenció, mediante la herramienta ArcGIS Pro, 315 centros de cuido privados fuera de la zona metropolitana, registrados por la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden), y reveló que su ubicación es aledaña a carreteras principales más que a una planificación de seguridad climática.

En la zona norte y costera, los centros se encuentran desproporcionadamente expuestos a inundaciones y marejadas ciclónicas. Igualmente, municipios como Cabo Rojo, Lajas y Guánica son áreas con el riesgo de tsunami y erosión costera.

El estudio presentó un patrón claro de concentración en los cascos urbanos y carreteras primarias, lo que deja a las comunidades más alejadas en lo que se conoce como “desiertos de cuido”. Según los datos extraídos de la Acuden, se identificó que el 66% de los municipios se consideran “zonas desérticas” de centros de cuido de menores hasta los 5 años.

Por otro lado, en la Cordillera Central, el riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas es constante. Se reveló cómo en la región central, específicamente en municipios como Adjuntas, Jayuya y Maricao, las familias dependen casi exclusivamente de carreteras secundarias o terciarias para acceder a estos servicios.

La investigación propone que el aislamiento geográfico presenta el riesgo de que, si un centro queda a una hora de distancia por carreteras vulnerables, el servicio deja de ser accesible para las familias de escasos recursos.

Para atender la crisis identificada, la investigación propone que agencias como la Acuden y el Departamento de la Familia integren el análisis geoespacial en la planificación de política pública. Esto permitiría incentivar la apertura de centros en “desiertos de cuido” estratégicos, especialmente en la zona central para reducir el aislamiento territorial.

Al ubicar nuevos servicios, se planteó priorizar la topografía y evitar zonas de alta vulnerabilidad ambiental, asegurando que el acceso al cuido no dependa de la geografía del residente.

Asimismo, Otero Rivera urgió a implantar protocolos de mitigación y continuidad de servicios específicos para los centros que ya operan en zonas de riesgo costero o de montaña. También, priorizar el transporte en estas áreas para garantizar desalojos seguros y servicios resilientes ante eventos atmosféricos.

“En la resiliencia ambiental y climática, hay que tratar de mover estos centros de las zonas de riesgo, porque ya están demasiado en las zonas costeras y, como hemos visto, la zona marítima cambia constantemente. Hay que ubicarlos donde hagan falta”, concluyó.