El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) extendió hasta el 31 de diciembre la amnistía para que los acueductos comunitarios que operan sin contar con una franquicia de agua otorgada por la agencia soliciten el permiso necesario para legalizar su situación.

La amnistía, declarada el 8 de junio, vencía el pasado jueves, pero un día antes la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, amplió el término de vigencia.

Mediante orden administrativa, de la que El Nuevo Día obtuvo copia, Rodríguez Vega estableció que, tras la declaración inicial, se reunió con organizaciones sin fines de lucro que representan a las llamadas comunidades Non-PRASA (por no estar conectadas a la red pública),

cuyos líderes le manifestaron que encontraron “distintas situaciones” que dilataron la obtención de documentos para legalizar las franquicias de agua.

Una de esas situaciones es la titularidad de los terrenos donde ubica el sistema de extracción de los acueductos.

El Nuevo Día supo que, transcurridos los primeros 90 días de la amnistía, no se pudo completar ningún trámite de legalización de franquicias de agua bajo el Reglamento Número 6213 del 9 de octubre de 2000 (Reglamento para el Aprovechamiento, Uso, Conservación y Administración de las Aguas de Puerto Rico).

¿Cómo es el proceso?

De acuerdo con la reglamentación vigente, toda solicitud de franquicia de agua ante la consideración del DRNA debe venir acompañada de varios documentos, empezando con cargos de $200 solo por la radicación.

Se debe proveer evidencia de la titularidad de los terrenos; una certificación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en la que se indique que la corporación pública no puede proveer el servicio o es deficiente; un diagrama de flujo del sistema; y una declaración jurada, en la que se establezca el origen del pozo y desde cuándo opera.

También, se debe entregar un certificado de vigencia corporativa; fotos del metro instalado con relación al pozo, su lectura y su número de serie; y las coordenadas del sistema de extracción.

Tanto en la orden administrativa de junio como en la recién firmada, Rodríguez Vega indicó que los acueductos comunitarios que presenten una solicitud de franquicia en el término de la amnistía, con toda la documentación requerida, no serán referidos a la Oficina de Asuntos Legales del DRNA. Tampoco se les impondrán multas por el tiempo transcurrido aprovechándose de agua sin franquicia.

Asimismo, la secretaria ordenó el desistimiento –sin prejuicio– de los casos de acueductos comunitarios que ya estaban ante la Oficina de Asuntos Legales por operar sin franquicia.

Aquellos casos en los que la División de Facturación del DRNA emita una factura por el aprovechamiento de agua sin franquicia, podrán acogerse a un proceso administrativo de objeción en el que se evaluará, entre otras cosas, la capacidad de pago y un comité tomará una determinación.

Áreas rurales y remotas

Según datos del Departamento de Salud, en Puerto Rico existen poco más de 240 acueductos comunitarios, ubicados mayormente en áreas rurales y remotas de la isla. Sirven aproximadamente a unas 100,000 personas.

Históricamente, esbozó Rodríguez Vega en la primera orden administrativa, los acueductos comunitarios han carecido de una estructura de gobernanza y capacidades técnicas, gerenciales y financieras, resultando en bajo cumplimiento con leyes federales y estatales.

Para atender lo anterior, el DRNA ha establecido alianzas con agencias federales, estatales y organizaciones no gubernamentales a través de la Coalición de Agua, un grupo colaborativo que asiste con oportunidades de capacitación a los acueductos comunitarios afectados por los huracanes Irma y María en 2017, los terremotos de 2020, la pandemia de COVID-19 y eventos de lluvia significativa.

En los últimos años, las inspecciones realizadas por personal del DRNA han encontrado que hay acueductos con pozos de extracción de aguas subterráneas y tomas de aguas superficiales sin las debidas franquicias, y han sido referidos a la Oficina de Asuntos Legales.

“Estos casos, en muchas ocasiones, son muy difíciles de trabajar debido a que el DRNA no tiene una fecha cierta de cuándo comenzó la operación, por lo que se trabaja por unos estimados basados en la información provista por los propios miembros de las comunidades”, expuso la secretaria, al reconocer que, como resultado, el monto estimado de consumo se convierte en una cantidad elevada de dinero que las comunidades tienen que desembolsar al erario, en vez de invertirlo en mejoras a sus propios sistemas.

Para Rodríguez Vega, la amnistía vigente no solo permitirá actualizar el sistema de permisos y franquicias del DRNA, sino que también aumentará las capacidades gerenciales de las comunidades.