Isabela - A escasos metros de donde la fuerza del océano Atlántico se encuentra con la costa, los visitantes transitan con cautela –a pie, en bicicleta o scooters– por una vía de asfalto que parece disputar el espacio con el agua salada. Parte del camino, de por sí estrecho, se perdió con el embate del huracán María (2017) y expuso un tramo al vacío, por donde aún circulan quienes buscan el contacto directo con la naturaleza.

La escena resume una de las contradicciones que marcan la transformación del oeste, según expertos consultados por El Nuevo Día. Por un lado, un territorio en el que los riesgos, la fragilidad de los ecosistemas y las implicaciones del cambio climático son harto conocidas; por el otro, un sistema de planificación cada vez más fragmentado, que no cumple con su rol fiscalizador y en el que la prioridad es el desarrollo económico.

“Estamos llegando al final de los usos de terrenos que hay en un estado natural (en el oeste), con servicios y funcionalidad ecológica”, alertó Fernando Lloveras San Miguel, presidente de Para la Naturaleza. “Y esto no implica que no debe haber más desarrollo económico en esa zona, nada por el estilo. Es cómo no hemos podido desarrollar un modelo económico que use el terreno inteligentemente. Y, ante ese desarrollo económico que siempre buscamos y que nunca alcanzamos, nos olvidamos que la calidad de vida va mucho más allá de los sacos de cemento y de los permisos que damos para construcción”.

En entrevistas separadas, el presidente de la Junta de Planificación, el licenciado Héctor Morales Martínez, y el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, admitieron que no tienen visibilidad sobre los proyectos que están en alguna etapa del proceso de permisología ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

“Quizás, los profesionales de la OGPe, en algún momento, pudieran hacer alguna consulta al Departamento, pero no es el caso continuo, es en ciertas ocasiones, y se les da ese apoyo. Pero no tenemos injerencia; se nos hace una consulta, se les dan las recomendaciones y ellos determinan si las usan o no las usan. Ellos son totalmente independientes. Esa es básicamente la visibilidad que nosotros pudiéramos tener”, comentó Quiles Pérez.

Cuando se trata de proyectos con un posible impacto ambiental, detalló que la OGPe tiene la última palabra. Añadió que el DRNA no puede detener desarrollos, aun cuando determine que tienen repercusiones ambientales. No respondió cómo la agencia cumple, entonces, el mandato –por ley– de proteger, conservar y preservar los recursos naturales de Puerto Rico.

“La identificación de impactos sobre los recursos naturales no implica automáticamente que el proyecto sea inviable. La evaluación debe considerar la naturaleza y magnitud del impacto, el recurso específico que podría afectarse y la posibilidad de evitar, minimizar o mitigar sus efectos. La función del proceso ambiental es procurar compatibilidad entre el desarrollo propuesto y la protección de los recursos naturales”, sostuvo, por escrito, la licenciada Edmeé Zeidan, recién nombrada secretaria auxiliar de la OGPe.

¿Qué visibilidad tiene la Junta en términos de proyectos que estén en alguna etapa de permisos?, preguntó este diario a Morales Martínez.

“Ninguna”, respondió.

—¿No debería tenerla?

“Es que nosotros no damos permisos”.

—Pero velan por el uso de los suelos…

“Claro, pero, para eso, está la parte técnica de nosotros. Y, cuando hay violación a los usos, se persigue”.

—¿Y cómo identifican esas posibles violaciones, si no hay visibilidad sobre los proyectos?

“Porque la gente lo señala. Vemos querellas, y las querellas las refieren personas que entienden que hay violaciones”.

Los proyectos se radican y evalúan mediante la plataforma Single Business Portal. Además, la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (Ley 161-2009) contempla la participación de las agencias concernidas en determinados trámites.

Zeidan afirmó que “el trámite se circula a las agencias concernidas (a través del portal), incluyendo el DRNA y la Junta de Planificación, para que evalúen los asuntos comprendidos dentro de sus respectivas áreas de competencia y emitan sus recomendaciones”.

“La Junta de Planificación es el ente que aprueba los planes con los que luego la OGPe va a autorizar, pero, desde 2019, se le asigna la función de fiscalización. Si el ente fiscalizador no tiene acceso a un sistema en el que pueda estar viendo qué permisos se otorgan en cualquier lugar, lo que te está diciendo es que no hace función fiscalizadora. Lo que hace es recoger cualquier señalamiento que un ciudadano le señale. Esto es una cosa muy grave, porque todo el sistema se ha montado con un concepto que se llama el de fiscalización”, planteó el planificador Luis García Pelatti, expresidente de la Junta de Planificación.

“Creo que esto es la culminación de que el sistema que hemos montado no funciona. Este sistema está roto, este sistema no sirve”, opinó.

Por su parte, Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club Puerto Rico, argumentó que este modelo también produce una protección desigual, pues no todas las comunidades tienen acceso a la asistencia técnica o legal necesaria para encaminar los procesos de querellas.

“Las querellas son indispensables para exigir rendición de cuentas, pero no pueden sustituir la obligación fiscalizadora del Estado. No corresponde depender de que una comunidad descubra un proyecto, entienda la reglamentación, identifique una posible violación, reúna evidencia y tenga los recursos para reclamar antes de que las agencias intervengan”, puntualizó la planificadora ambiental.

Las declaraciones de los funcionarios la llevaron a cuestionar la viabilidad de la propuesta reforma de permisos, que, alertó, “pretende acelerar autorizaciones, ampliar los permisos ministeriales, delegar más determinaciones en profesionales privados y depender todavía más de la fiscalización posterior”.

Planificadores, abogados, científicos y líderes ambientales coincidieron en que Puerto Rico atraviesa un problema de urbanismo desmedido, donde no se consideran las limitaciones del territorio.

“El problema es que se siguen tomando decisiones como si el territorio de Puerto Rico fuera ilimitado, como si los riesgos fueran futuros, y los vemos en el presente. Y eso es sumamente preocupante. Entonces, como planificadora ambiental, creo que, más allá de evaluar cada proyecto por separado, debemos preguntarnos si hay una visión integrada para ello. A mí, me parece que no hay una visión”, dijo Vázquez Torres.

A la pregunta de si la Junta de Planificación ha analizado la capacidad de carga de la región oeste, Morales Martínez contestó que corresponde a la OGPe poseer esa información.

“Un análisis regional general sobre crecimiento poblacional, capacidad de carga o impactos acumulativos de múltiples desarrollos trasciende la función adjudicativa de la OGPe y corresponde principalmente a los procesos de planificación territorial. Por ello, la OGPe no realiza de manera independiente un estudio poblacional o de capacidad regional separado de los instrumentos de planificación vigentes”, mencionó, por su parte, Zeidan.

En tanto, el secretario del DRNA opinó que, en el oeste, no hay un patrón de desarrollo desmedido. “Muy respetuosamente, difiero de estos profesionales. Yo he visto lo exigente que es la OGPe”, declaró.

Para el abogado ambiental Omar Saadé Yordán, lo que se está dando es “un desmantelamiento a propósito, por diseño, del sistema”.

“Aquí, nos dirigimos a desregular, a no fiscalizar. Y esa es la política pública del gobierno ahora mismo: no cumplir con la ley, no cumplir con zonas inundables, no cumplir con la zona marítimo terrestre, no cumplir con los análisis de capacidad de agua potable para las personas”, expresó.

En tanto, García Pelatti y otros entrevistados coincidieron en que la Junta de Planificación –responsable de las actividades de uso de suelo– se ha debilitado, particularmente desde la firma de la Ley 161-2009, que transfirió algunas de sus responsabilidades a la OGPe.

Desde entonces, las consultas de ubicación se aprueban en la OGPe. Morales Martínez estimó que ese proceso –que evalúa usos de terrenos propuestos que no son permitidos ministerialmente– debe volver a la Junta de Planificación.

“Se perdió el concepto de la planificación. Entonces, tienes combinada la construcción con la ubicación. Y ahí es donde te digo que se debilita un poco, porque no deben estar juntos. (…) Es un ejercicio absolutamente de planificación. Debería estar en la Junta de Planificación, porque nosotros tenemos los instrumentos. O sea, cuando tú planificas, no miras simplemente un terreno. Analizas las oportunidades económicas, infraestructura, todo ese tipo de cosas. Tú las tienes que ver. Y eso es un ejercicio de planificación, de planificadores”, reconoció.

Por otro lado, entrevistados denunciaron que el Estado ha optado por ignorar el Plan de Uso de Terrenos (PUT) –actualmente en revisión– para dar paso a una visión de desarrollo.

“Pienso que ya Puerto Rico hizo la planificación regional, que se efectuaría a través del famoso PUT. El país debe proteger el PUT. De hecho, muchos de los proyectos de ley ahora están tratando de quitar todas las protecciones que tenían los terrenos en Puerto Rico, y eso va todo en contra del PUT, que es el único acuerdo con diversidad social, con todos los sectores de la sociedad de acuerdo, y eso no se da todos los días. Y ahora lo quieren destruir”, esbozó el ecólogo Ariel Lugo.

Morales Martínez negó esta percepción y anticipó que, como parte de la revisión del documento, cuyo borrador espera tener listo a finales de este año, confía que los municipios tengan más poder decisional.

“Es el alcalde de ese municipio el que sabe cómo debe desarrollarse”, replicó. “Se perdió la habilidad o la posición del municipio para poder decidir. La realidad es que las políticas públicas que establece no van a cambiar. O sea, tenemos áreas de conservación, áreas de desarrollo, áreas urbanas. Eso no va a cambiar. Lo que pasa es que tienes que dejarle la oportunidad al municipio de que decida cómo lo va a hacer”.

Increpado sobre si prevalecería el PUT o los Planes de Ordenamiento Territorial en una controversia por el uso de los suelos, manifestó: “Es que yo no veo las cosas con que prevalece o que no prevalece, porque son herramientas, son instrumentos. La política pública del gobierno es el Plan de Uso de Terrenos, eso debería tener una prioridad. Pero vuelvo y te repito, no podemos ser cerrados a lo que necesita el pueblo”.

El presidente de la Junta de Planificación agregó que no ve una contradicción en que los planes municipales se avalen antes que termine la revisión del PUT, documento que describió como una “capa” que “le pones por encima”. Mientras, García Pelatti enfatizó que el PUT prevalece sobre la herramienta de planificación municipal.

“El modelo de ellos (gobierno) es no tener planificación y que un director de Permisos les apruebe los proyectos que ellos quieren. Este es mi análisis simplista. La táctica es que están haciendo planes territoriales municipales. No cambian el Plan de Uso de Terrenos, el mapa, pero cambian los planes territoriales. ¿Y qué te dicen? ‘No, no, no. No te aplica el Plan de Uso de Terrenos, lo que te aplica es el plan territorial’. Y yo digo, ‘es que eso no es así’. Me dicen: ‘No importa, es que, si la Junta dice que es así, eso es así’”, arguyó García Pelatti.