El vertedero de Toa Alta tiene una orden de cierre de la EPA y debió cesar operaciones en diciembre de 2017. Sin embargo, las partes continúan en negociaciones.
El vertedero de Toa Alta tiene una orden de cierre de la EPA y debió cesar operaciones en diciembre de 2017. Sin embargo, las partes continúan en negociaciones. (Suministrada)

Residentes del barrio Contorno, en Toa Alta, enviaron una carta al administrador de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), Michael S. Regan, en la que denuncian la “grave situación” del vertedero municipal y solicitan el “apoyo e intervención” de la dependencia para proteger su salud y el entorno natural.

En la carta –en español e inglés, con fecha del 11 de noviembre y de la que El Nuevo Día obtuvo copia–, los vecinos enmarcan su pedido de una “acción decisiva” por parte de la EPA en el “compromiso declarado” del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la justicia ambiental.

Exponen que, “durante más de dos décadas”, han llamado la atención de la EPA y las agencias estatales sobre la situación en el vertedero, logrando únicamente que, en 2017, la dependencia federal emitiera una orden de cierre, que, sin embargo, no se ha ejecutado. El vertedero debió cerrar el 31 de diciembre de ese año.

De acuerdo con los residentes, “la situación empeoró después del huracán María”, pues el Municipio de Toa Alta “siguió ampliando el perímetro de la celda del vertedero”, que es operado por la compañía Toa Alta Eco Park.

“Presentamos muchas querellas a la EPA con vídeo e imágenes de la situación. Si bien la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA (en San Juan) acogió nuestras quejas, la oficina regional (en Nueva York) pareció no tener la urgencia de resolver esta situación. Desde el huracán, grandes cantidades de lixiviados (residuos líquidos de la basura) han ganado acceso a vecindarios y hogares, aguas superficiales y el acuífero subterráneo adyacente. Tenemos un vector de enfermedades en nuestros patios traseros con mosquitos, moscas y roedores que acceden a nuestras propiedades”, se indica en la carta, en la que está copiado el administrador asociado de Justicia Ambiental de la EPA, Matthew Tejada.

Por otro lado, los vecinos señalan que, aunque la EPA conoce de la situación en el vertedero “hace muchos años”, la Región 2 –a la que pertenece Puerto Rico– “ha insistido” en que el asunto sea manejado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), bajo la premisa de que esa agencia tiene la delegación de otorgar permisos para la construcción de este tipo de instalaciones y su supervisión.

“La verdad del asunto”, agregan, es que el DRNA “no ha tenido un equipo adecuado” de expertos en vertederos durante los últimos años y su fuerza laboral es cada vez menor debido a la crisis fiscal. “Han inspeccionado el vertedero de Toa Alta durante muchos años y les han permitido seguir operando, a pesar de que el lixiviado fluye hacia uno de nuestros principales suministros de agua potable (río La Plata)”, se expone en la carta.

Los residentes también hacen referencia a que, a principios de 2021, el Departamento de Justicia federal –a nombre de la EPA– demandó al Municipio de Toa Alta exigiéndole que detenga la disposición de basura en el vertedero y, en cambio, tome acciones correctivas para atender las “amenazas inminentes” a la salud pública y el ambiente. Según Justicia federal, el vertedero es operado en violación a las leyes y reglamentos aplicables.

En opinión de los vecinos, el caso “se ha estancado” en el Tribunal federal.

“La EPA no nos ha proporcionado la justicia ambiental que tanto necesitamos en nuestra comunidad. Nos preocupa que las constantes demoras en este caso sean un indicio de la falta de compromiso e inacción de la EPA para solucionar una situación que amenaza los medios de subsistencia de una comunidad y de miles de personas que pueden estar bebiendo agua contaminada, al igual que en Flint, Michigan. También, nos preocupa que la inacción histórica de la EPA sobre este vertedero regrese de manera inexplicable y constante”, se alerta en la carta.

Los residentes reclaman, por último, que se les dé “acceso equitativo” en la toma de decisiones sobre el vertedero.

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