Tras el atentado de la semana pasada en Colombia, un guardia verifica junto a un perro un camión.  (AP) (horizontal-x3)
Tras el atentado de la semana pasada en Colombia, un guardia verifica junto a un perro un camión. (AP)

La Habana, Cuba - El rol de Cuba como país sede de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha colocado a la isla en una incómoda posición, pues el mortal ataque realizado por el grupo insurgente en una academia militar de Colombia la semana pasada ha quebrado irreparablemente el proceso y obligado a las autoridades cubanas a tener que decidir entre entregar a los integrantes del comité negociador guerrillero, seguir los protocolos de las negociaciones o dar asilo político a los combatientes, como establece su Constitución.

No es un escenario sencillo para Cuba, que se convirtió en sede de los conversaciones de paz entre el Gobierno y el ELN en 2018, luego de que Ecuador decidiera retirarse tras la llegada al poder de Lenín Moreno.

Cuba esperaba fungir un rol parecido al que asumió en las negociaciones bilaterales entre las autoridades colombianas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales acabaron, tras un tortuoso camino, en un acuerdo de paz que está vigente.

Pero la llegada al poder del derechista Iván Duque cambió la ruta de las negociaciones y el proceso de paz con el ELN entró en un letargo, marcado por actividades militares de ambos bandos, las cuales llegaron a su máxima expresión la semana pasada cuando un cochebomba manejado por un dirigente guerrillero estalló en una academia militar en Bogotá, dejando a decenas de muertos y heridos.

El presidente Duque señaló al ELN como el resposable desde el inicio y exigió a Cuba que entregue a Colombia a los negociantes del grupo guerrillero de manera inmediata para su procesamiento judicial, porque el ataque ha sido señalado como un acto terrorista que provocó la ruptura de las conversaciones.

El ELN validó hoy su autoría sobre el hecho, pero aseguró que no se trata de un acto terrorista y sí de un ataque cobijado por el escenario de guerra que vive Colombia. El grupo sostiene que en la academia atacada no murieron civiles y sólo personal militar o aspirantes a soldados, lo cual no debe ser considerado como terrorismo.

Esa sutilidad semántica parece mínima, pero no lo es, pues se trata del meollo del asunto.

Si Cuba considera el hecho como un acto terrorista, su decisión sobre los integrantes del comité negociador del ELN, que está compuesto por importantes miembros del grupo que se presume se ha mantenido en La Habana desde el año pasado, tomaría una ruta; mientras, si el gobierno cubano la mira como un acto de guerra, el camino podría ir en una vía opuesta.

En este momento, Cuba se debate entre entregar a los guerrilleros del ELN y violentar su posición como nación sede de un proceso de paz, cumplir con el protocolo negociado con el anterior gobierno colombiano y entregarlos a la Cruz Roja para su liberación en Colombia de forma segura, protegerlos y mantenerlos como refugiados políticos en el país, como establece su Constitución, o buscar una solución fuera de cualquiera de esos canales en conjunto con Venezuela, Brasil, Chile, Noruega, países garantes de las conversaciones.

Cuba podría entregar, como pide Colombia, a los guerrilleros y quitarse de arriba cualquier problema mayor. El debate estriba en que teóricamente estaría violentando el acuerdo que firmó como garante de las conversaciones y que establece que en el caso de romperse las negociaciones los guerrilleros serían entregados a la Cruz Roja Internacional para su liberación en un punto seguro de Colombia.

Entonces, a Cuba se le presenta como su mejor carta el escenario que ha defendido hasta ahora, que es seguir el protocolo de los acuerdos en conjunto con los países garantes. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla adelantó que ése será el proceder de Cuba y que seguirá los protocolos acordados con el gobierno del pasado presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

“Cuba está contra el terrorismo y contra la guerra, en defensa de la paz. Con la moral de haber sido víctima del terrorismo de Estado por décadas y de una ejecutoría intachable, condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales fueren sus motivaciones”, dijo Rodríguez Parrilla hoy en Twitter.

“Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado. Cuba ha cumplido estrictamente su papel como Garante y Sede Alternativa de la Mesa de Diálogos de Colombia entre el Gobierno y el ELN”, agregó.

Cuba ha tratado el ataque desde el principio como uno de corte terrorista. En su declaración inicial señaló que “el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba expresa sus condolencias al gobierno, al pueblo de Colombia y en particular a los familiares de las víctimas del atentado ocurrido hoy en Bogotá y reitera el firme rechazo y condena de Cuba a todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales fueren sus motivaciones”.

Entonces, si Cuba considera el acto del ELN como un ataque terrorista, ¿en dónde está el problema?

El desafío principal para Cuba está en su Constitución vigente, la cual señala que en el artículo décimotercero que “la República de Cuba concede asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los derechos democráticos, contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo; contra la discriminacióny el racismo; por la liberación nacional; por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos y estudiantes; por sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas, por el socialismo y la paz”.

En teoría, los integrantes del comité negociador del ELN, una guerrilla que se formó inspirada en los preceptos de la Revolución cubana, podrían pedir asilo político en la isla bajo la argumentación de que su lucha es legítima y Cuba estaría, si se rige estrictamente por la Constitución, en la compleja posición de tener que otorgárselo, pues la Carta Magna vigente no hace un rechazo expedito al terrorismo.

Los cubanos tienen, sin embargo, una salida. La nueva Constitución del país, validada por el Parlamento y que debe ser aprobada en un referendo popular el próximo 24 de febrero, repudia directamente el terrorismo como arma política. Aunque mantiene el escenario de asilo político, exime de la protección a aquellos que usan el terror como arma.

La nueva Carta Magna no está en vigor, pero Cuba podría usar como argumento que el espíritu del país está en contra del terrorismo como arma de lucha y denegar cualquier intento de pedido de asilo a los representantes del ELN. El problema entonces se convertiría en uno moral, pues Cuba ha sido promotor en el pasado de movimientos políticos que tomaron las armas para su lucha y su conducta podría ser vista como no cónsona con los valores revolucionarios que llevaron a Fidel Castro Ruz al poder en 1959.

Así que Cuba no la tiene nada fácil. Una salida salomónica podría ser que los países garantes, a través de la Organización de las Naciones Unidas, se encarguen de manejar el asunto y saquen a Cuba de la incómoda situación de tomar una decisión unilateral.

La dificultad estriba en que Colombia sigue presionando para que Cuba entregue a los guerrilleros.

El alto comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia de Colombia, Miguel Ceballos, se refirió esta mañana a la reactivación de órdenes de captura de los miembros del ELN que están en Cuba y a los protocolos suscritos por el anterior gobierno, con un mensaje repleto de presión.

“Este atentado no tiene justificación alguna y está siendo calificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un acto terrorista. No puede haber ninguna manifestación de perdón o amparo con un grupo que ya reconoció la autoría de este acto criminal”, dijo el Comisionado sobre la explosión del carrobomba en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá el pasado jueves 17 de enero, el cual dejó 20 cadetes muertos.

“El Gobierno Nacional no puede permitir que los responsables de este acto terrorista regresen a las filas del ELN y se internen en las selvas de Colombia para huir de la justicia. Su único destino debe ser comparecer ante los jueces de Colombia. Hacer algo distinto no es ético y noresponde al llamado de los colombianos que se manifestaron ayer. No hay protocolo que ampare el terrorismo”, indicó el funcionario al referirse a la posición de Cuba.

“La cooperación judicial entre Cuba y Colombia incluye la extradición como una vía para llevar a la justicia a los responsables de este crimen, que ha sido calificado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH como un acto terrorista”, agregó Ceballos, quien señaló que el presente gobierno no tiene obligación alguna de cumplir con el protocolo autorizado por la pasada administración de Juan Manuel Santos.

La posición intransigente del gobierno colombiano abona más a la incertidumbre.

Como siempre, en Cuba hay silencio total y los guerrilleros del ELN se mantienen ocultos, si es que siguen en el país.

El mayor peligro para Cuba, sin embargo, no viene de sus relaciones con Colombia, más bien la preocupación estriba en que el incidente puede ser usado como excusa por Estados Unidos para devolver a la isla a la lista de países que patrocinan el terrorismo, de la cual Barack Obama la sacó en su último mandato.

Así, la intención de buen samaritano podría acabar poniendo a Cuba en una encrucijada de la cual salga más lastimada que el propio ELN sino juega las fichas correctamente.


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