Washington D. C. - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos afirmó este viernes que defiende la permanencia de cuatro oficinas de Desarrollo Rural en Puerto Rico que la Administración de Servicios Generales (GSA) ha propuesto cerrar.

Todd Lindsey, subsecretario adjunto para Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura federal, hizo la afirmación en una carta dirigida al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, en la que aludió a la defensa que hace de la permanencia de 43 oficinas de Desarrollo Rural, incluidas las cuatro de Puerto Rico.

GSA propuso cerrar 47 oficinas de Desarrollo Rural como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump y su asesor especial, Elon Musk, quien ha sido responsable de la comisión “Departamento de Eficiencia Gubernamental” (DOGE), por reducir el tamaño del gobierno y la nómina federal, además de dar a Trump un mayor control sobre las agencias.

“A solicitud de la Oficina de Administración de Propiedades y Medio Ambiente (OPEM) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que gestiona las comunicaciones con GSA, Desarrollo Rural revisó la lista y determinó que 43 de las 47 ubicaciones eran críticas para la misión”, indicó Lindsey.

La carta de Lindsey hace referencia a dos oficinas de Desarrollo Rural en el edificio IBM de Hato Rey, una en Office Park en Mayagüez ,y otra en la carretera PR-111, en la jurisdicción de Utuado.

Lindsey advirtió que no han recibido respuesta a la solicitud de mantener esas instalaciones abiertas, y que representantes de GSA a nivel local sostienen que “algunos” de los 43 cierres propuestos “seguirán adelante”.

“Desarrollo Rural seguirá trabajando con GSA para mantener abiertas estas instalaciones esenciales o para encontrar alternativas para prestar estos servicios”, sostuvo Lindsey, al señalar que Agricultura federal “colaborará con GSA para garantizar que cualquier oficina que permanezca en la lista de cierres cumpla con todos los requisitos legales y que se notifique debidamente al Congreso con antelación”.

El comisionado Hernández - junto a una decena de legisladores federales demócratas, incluidos los congresistas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York), Darren Soto (Florida), Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), Ritchie Torres (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva Jersey)-, envió una carta el 27 de marzo al Departamento de Agricultura federal, para cuestionar el cierre de oficinas de Desarrollo Rural.

En la carta, Hernández Rivera y sus colegas reclamaron conocer los criterios para considerar cerrar oficinas y como se garantizaría, entre otras cosas, “que los servicios críticos sigan siendo accesibles y que la financiación de los programas esenciales no se retrase”.

“Me alegra que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos haya reconocido que las oficinas de Desarrollo Rural en Puerto Rico son esenciales para servir a nuestras comunidades. Desde asistencia para la vivienda hasta apoyo a comunidades rurales y pequeños negocios, estas oficinas cumplen una función directa e irremplazable en la vida de nuestra gente. Ahora, debemos asegurar que GSA haga su parte y mantenga estas oficinas abiertas”, indicó Hernández Rivera tras recibir la carta del subsecretario adjunto Lindsey.

El comisionado agregó que “estas oficinas no son simples cifras en un presupuesto: son un salvavidas para agricultores, familias y negocios en todo Puerto Rico rural”.