Washington D.C. - Con distintos acentos, republicanos y demócratas coincidieron este miércoles en que la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debe finalizar antes de pensarse en el cese de funciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), creada por la ley PROMESA hace nueve años y que puede estar vigente, al menos, hasta 2030.

“Es necesario terminar el trabajo”, dijo a El Nuevo Día el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), al finalizar la audiencia del subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares, que, en el noveno aniversario de la ley PROMESA –que enterró a Puerto Rico en su situación colonial–, estuvo centrada en el desempeño de la JSF y la reestructuración de la AEE.

La sesión tuvo como ponentes al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica –a quien se dirigieron la mayoría de las preguntas–; la directora gerente de Asuntos Estratégicos de la Oficina de Contraloría General (GAO, en inglés), Michelle Sager; y el analista de Política Económica del Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS, en inglés), Andrew Austin.

Como adelantó El Nuevo Día, Mujica defendió la continuidad de la JSF, la cual, según la ley PROMESA, estaría en funciones hasta que certifique cuatro presupuestos equilibrados –hasta ahora, ninguno– y determine que el gobierno puertorriqueño puede regresar a los mercados financieros a tasas razonables.

Mientras los demócratas –sobre todo, los boricuas– advertían que el Congreso no debía responder a las presiones de un grupo de bonistas encabezados por Golden Tree Asset Management que objeta la oferta de pago de la JSF por la deuda de la AEE, los tres republicanos que hicieron preguntas en la sesión no abogaron por eliminar el ente mientras está pendiente ese proceso.

Hace unos días, la gobernadora Jenniffer González, quien es republicana, dijo que la JSF debe irse de “inmediato”. Cuando Westerman reaccionó diciendo que nadie le ha planteado eso, la gobernadora González sostuvo que haría llegar su reclamo al Congreso.

“Por el momento, (la JSF) no se irá a menos que se cumpla con los requisitos de la ley PROMESA y el gobierno de Puerto Rico demuestre más responsabilidad fiscal”, dijo el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Aunque se solidarizó con las expresiones de sus colegas boricuas del Congreso que se centraron en denunciar la presión que puede haber de bonistas para acabar con el ente antes de la reestructuración de la AEE, Hernández basó sus interrogatorios en la “tragedia” de la imposición de la JSF sobre el gobierno electo, la duración de ese mandato y los gastos en que han incurrido.

Westerman, quien estuvo presente en gran parte de la sesión, dijo a este medio que la atención de su comité estará centrada en la reconstrucción del sistema energético.

“Tenemos que mover eso lo más pronto posible”, indicó Westerman, quien, por el momento, no confirmó si tendrá en agenda a partir de septiembre –el Congreso recesaría todo agosto– una audiencia pública sobre el asunto.

Westerman centró sus preguntas en el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE, al indicar luego que es necesario terminar con ese proceso para fortalecer las inversiones en el sistema eléctrico. En su interrogatorio a Mujica, cuestionó si se cumple con reformar el sistema energético y qué medidas se toman para apoyar los esfuerzos de la gobernadora González “por cumplir con los requisitos básicos y eventualmente reducir la responsabilidad operativa de la junta”.

“Exploraremos los próximos pasos para resolver la crisis de deuda de Puerto Rico y trabajaremos para garantizar que existan las salvaguardas adecuadas para prevenir riesgos financieros futuros”, indicó, por su parte, el presidente del subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares, el republicano Jeff Hurd (Colorado).

Hurd reconoció que el proceso de restructuración de la AEE ha sido complejo y lento, tras la corporación pública incurrir en una deuda de cerca de $12,000 millones por concepto de bonos, “como resultado de décadas de interferencia política, mala gestión y desastres naturales que dejaron a la empresa de servicios públicos en una situación financiera inestable y operativamente inadecuada”.

El congresista Hurd sostuvo que “casi una década después de la promulgación de PROMESA, Puerto Rico ha logrado avances significativos hacia la estabilidad financiera, gracias a reformas significativas y una reestructuración difícil pero necesaria”.

En ese sentido, sostuvo que la audiencia buscó “garantizar que este progreso continúe, mediante la transparencia, la rendición de cuentas y un camino claro hacia la independencia fiscal a largo plazo”.

Los líderes demócratas del subcomité fueron más directos.

“Los llamados a eliminar la Junta ahora, simplemente por su gasto en consultores y su negativa a aceptar las excesivas demandas de los tenedores de bonos de la AEE, son prematuros”, indicó el líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, Jared Huffman (California).

Los congresistas demócratas puertorriqueños Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres, electos por distritos de Nueva York y críticos de la JSF, denunciaron con fuerza los intentos que se atribuyen a bonistas reunidos en Golden Tree Management para tratar de convencer a miembros del Congreso de que lo ideal es eliminar el ente y que el asunto se dilucide fuera del sistema de bancarrota territorial creado por la ley PROMESA.

Golden Tree Asset Management es considerado el principal objetor de la propuesta presentada por la JSF para reducir el pago del principal de la deuda por concepto de bonos de la AEE, de $8,500 millones a $2,600 millones.

Al hablar de un proceso que está en mediación por orden de la jueza Laura Taylor Swain, Mujica sostuvo que pagar toda la deuda de la AEE elevaría las tarifas de electricidad en más de un 30%, en momentos en que la tarifa ronda los 26 centavos por kilovatio-hora y es la segunda más cara de una jurisdicción estadounidense, después de Hawái.

“Se aprovecharon de un gobierno en dificultades para comprar deuda barata. Y, ahora, exigen el pago máximo. Esto ya no es una historia de bancarrota. Es la historia de Golden Tree contra la gente de Puerto Rico”, indicó Velázquez.

Ocasio Cortez sostuvo que Golden Tree triplicó su inversión en bonos de la AEE, “alcanzando los $1,000 millones… cuatro años y medio después de la quiebra”. “Esa es la definición de un fondo buitre”, dijo, al indicar que “cada uno de los puertorriqueños electos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos que están aquí les están diciendo que (la oferta de un grupo de bonistas) va a diezmar a la gente”.

Torres, por su parte, sostuvo que, en la reestructuración de la deuda de la AEE, “lo que está en juego es nada menos que la supervivencia de la propia isla”, pues, “quizás, no haya nada más fundamental para una economía o una sociedad que una electricidad asequible y fiable”.

A preguntas de Westerman, Mujica indicó que como parte del proceso de mediación en torno a la reestructuración de la deuda de la AEE, intentan explicar que “el sistema se está deteriorando a un ritmo mayor al que puede repararse”.

Hernández se centró en la preocupación que existe en torno a la duración de la JSF, que cumple nueve años el próximo 31 de agosto.

El comisionado residente, quien defiende el actual status territorial de Estado Libre Asociado y preside el Partido Popular Democrático, sostuvo que la imposición de la JSF fue una tragedia y que su vigencia de casi una década “es una falla de política pública”.

“La Junta ha impuesto medidas de austeridad y ha elevado el costo de la vida directamente a raíz de la quiebra. Y cuenta con consultores adinerados que no tienen ningún incentivo para que la Junta cese sus funciones”, sostuvo, al cuestionar que el ente haya costado más de $2,000 millones, cinco veces más que el estimado que el Congreso hizo cuando aprobó la ley PROMESA.

Hernández comentó, tras la audiencia, que hubiese querido ver también a sus colegas boricuas del Congreso “fiscalizando a la Junta”, aunque excluyó de esa crítica a Darren Soto (Florida).

Mujica, como hiciera en su ponencia escrita, insistió en que la JSF le ha ahorrado al pueblo de Puerto Rico más de $60,000 millones, por medio de la reestructuración de las obligaciones financieras y el freno que hubo en el pago del servicio de la deuda. “Son $60,000 millones en los que los funcionarios electos de Puerto Rico incurrieron durante 16 años consecutivos de presupuestos desequilibrados”, respondió.

Mientras Mujica responsabilizó al gobierno electo de Puerto Rico por no haberse aún certificado ningún presupuesto equilibrado, Hernández sostuvo que la responsabilidad debe caer también en la JSF “por no proveer el liderato que se necesita”.

Soto cuestionó por qué no se ha certificado ningún presupuesto balanceado, pues pensaba que el pasado año fiscal podía ser el primero. Mujica indicó, en su ponencia, que la Legislatura de Puerto Rico promulgó el pasado año fiscal “un proyecto de ley que, según las propias estimaciones del gobierno, habría añadido $500 millones en costos al presupuesto, de haberse implementado, sin identificar los recursos para financiarlo”.

Tanto Soto como Hernández y Mujica destacaron, durante la audiencia, el impacto económico que consideran tuvo la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, que otorgó privilegios tributarios a empresas estadounidenses y ayudó a impulsar la industria manufacturera de Puerto Rico.

Hernández dijo que, en este momento, hay proyectos bipartidistas encabezados por la congresista republicana Nicole Malliotakis (Nueva York) que pudieran ayudar a incentivar la inversión manufacturera en Puerto Rico.

De los seis miembros republicanos del subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares, asistieron cuatro a la sesión: Hurd, Mike Kennedy (Utah), Tim Walberg (Michigan) y Doug LaMalfa (California). Por los demócratas, estuvieron presentes los cinco miembros del subcomité: la líder Teresa Leger Fernández (Nuevo México), Velázquez, Val Hoyle (Oregón), Hernández y Emily Randall (Washington).

A la subcomisión, además de Huffman, se sumaron Ocasio Cortez, Soto y Torres.

El director de la JSF, al salir de la sesión, consideró que en el balance la audiencia permitió subrayar que “tenemos que lograr presupuestos equilibrados... sanear la AEE e implementar reformas permanentes”. “Creo que lo que el comité reconoce es que sin las reformas permanentes, se volverá a la bancarrota”, añadió Mujica.