Washington D.C. - Con la firma del proyecto de ley que reabre el gobierno federal, se normalizará el acceso a los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico, después de siete semanas de turbulencias.

La nueva ley, aunque financia gran parte del gobierno federal solo hasta el 30 de enero, permite asignar todo el presupuesto de los departamentos de Agricultura, Asuntos del Veterano, la Administración de Alimentos y Medicamentos, las construcciones militares del Pentágono y las oficinas vinculadas al Congreso.

En el caso del PAN, que beneficia a 1.2 millones de personas, el estatuto asigna unos $2,979 millones para este año fiscal federal, que termina el 30 de septiembre de 2026.

La secretaria de Agricultura federal, Brooke Rollins, dijo en CNN que a más tardar el lunes todos los gobiernos estatales deben haber recibido todo el dinero de la asistencia federal para el mes de noviembre.

Por semanas, el gobierno de Trump buscó impedir que se utilizaran los fondos de contingencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP) u otros recursos del Departamento de Agricultura para sustituir las asignaciones de noviembre. Pero, al final cumplió con la orden judicial de hacer uso de los fondos de contingencia.

La ley también renueva las asignaciones de cerca de $170 millones para el programa de asistencia alimentaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, en inglés). Además, otorga $155 millones para la escuela de la antigua base Ramey de Aguadilla, un asunto que el Pentágono había impulsado por los últimos años.

El gobierno de Puerto Rico obtuvo temporalmente, luego de una demanda judicial en contra del presidente Donald Trump, una asignación de $150 millones del fondo de reserva que mantuvo el acceso temporal a los fondos del PAN.

Con el nuevo estatuto, a su vez, se termina de autorizar apartados de la ley agrícola –algunos fueron incluidos en la ley de reconciliación fiscal de julio pasado–, lo que aplaza los esfuerzos de las autoridades de Puerto Rico en favor de la legislación del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, que promueve una transición de 10 a 15 años del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

“Aunque hubiera preferido que el Congreso aprobara un mejor acuerdo bipartidista para reabrir el gobierno, esta reapertura representa un alivio para miles de familias puertorriqueñas que reciben servicios como el PAN y el WIC, o que trabajan en el gobierno federal y llevan semanas sin cobrar”, indicó Hernández, quien hace caucus con los demócratas.

Mientras, la gobernadora Jenniffer González –elogiando a los republicanos y Trump– sostuvo que los fondos de Agricultura federal aseguran, además, el financiamiento del programa de comedores escolares y la asistencia que se ofrece en los veranos.

González indicó que su gobierno colaboró con el financiamiento para trabajadores de parques nacionales y para la seguridad en los aeropuertos.

Como en Estados Unidos, la ley suscrita el miércoles en la noche por Trump permitirá volver a pagar los salarios de los cerca de 14,000 empleados civiles federales en Puerto Rico, reabrir instalaciones turísticas como el fortín El Morro y normalizar la situación de los aeropuertos.

La ley ordena, a su vez, a restituir los más de 4,000 empleados federales cesados por la administración de Trump durante el cierre parcial del gobierno federal.