Washington D.C. - El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, y el presidente de la Federación Hispana, Frankie Miranda, hicieron este lunes un llamado al Congreso para que reforme las normas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), con el propósito de garantizar la rendición de cuentas y los derechos de las personas.

“Durante las últimas semanas, hemos presenciado acciones profundamente preocupantes: redadas en lugares sensibles, el uso de gases lacrimógenos y sustancias químicas tóxicas, el arresto y la deportación de beneficiarios (de autorizaciones de residencia temporales), residentes permanentes legales, beneficiarios de DACA e incluso ciudadanos estadounidenses”, indicó Espaillat, electo por un distrito de Nueva York.

Mientras, Miranda reclamó al Congreso que proteja “los derechos fundamentales garantizando que todas las personas detenidas por ICE tengan acceso a representación legal, intérpretes y atención médica”.

“Debemos reformar los protocolos de los agentes restableciendo los requisitos de aprobación previa al arresto, exigiendo el uso de cámaras corporales y la identificación claramente visible. La rendición de cuentas no puede existir en la clandestinidad”, sostuvo Miranda, al indicar que habla también a nombre de más de 200 líderes comunitarios.

El presidente Donald Trump tiene en marcha una campaña de deportaciones de personas con estatus migratorio indefinido que ha provocado el arresto de inmigrantes sin el debido proceso de ley, la detención de ciudadanos estadounidenses y la movilización de guardias nacionales a ciudades metropolitanas, por encima de la voluntad de alcaldes y gobernadores.

Miranda dijo que el Congreso debe supervisar las operaciones de ICE, “proteger derechos humanos básicos, y asegurar que cada persona detenida tenga acceso a representación legal, intérpretes y cuidado médico”. Abogó además porque los agentes utilicen cámaras de vídeo en sus intervenciones y tengan sus identificaciones visibles.

“La rendición de cuentas no puede existir en las sombras”, sostuvo el presidente y principal funcionario ejecutivo de la Federación Hispana.

Además, Espaillat y Miranda dieron a conocer un plan de 10 puntos para las comunidades prepararse y responder a las intervenciones de ICE.

Por un lado, indicaron que se requiere “activar las redes estatales y locales de respuesta rápida para brindar apoyo legal y sobre el terreno inmediato durante las acciones de aplicación de la ley, garantizando la coordinación en tiempo real entre socios de confianza y funcionarios electos”.

También reclamaron “designar escuelas, pequeños negocios y espacios comunitarios como zonas seguras y establecer corredores de protección donde se prohíba la actividad policial, siguiendo las directrices para ubicaciones sensibles”.

A su vez, indicaron que es necesaria una campaña de educación y concienciación pública para explicarle a los ciudadanos sus derechos e información de contacto de emergencia para obtener apoyo legal.

Los líderes hispanos también indicaron que se requiere “coordinar a las organizaciones de asistencia jurídica, los colegios de abogados y los abogados de inmigración en un sistema centralizado de derivación y admisión para gestionar las detenciones masivas, los arrestos ilegales y las violaciones de derechos civiles”.

También exhortaron a establecer protocolos de seguridad que permitan tener redes de apoyo después de incidentes policiales y alentar a los distritos escolares a autorizar opciones de enseñanza virtual para estudiantes que teman asistir a la escuela.

Espaillat y Miranda propusieron visitas regulares del Congreso y de la comunidad a los tribunales de inmigración y centros de detención, y exhortaron a los departamentos de Justicia y Seguridad Interna a “emitir directrices vinculantes que limiten la aplicación de la ley cerca de lugares sensibles, prohíban el uso de agentes químicos y protejan a todos los residentes, independientemente de su estatus, de la discriminación”.