Washington D.C. - El gobierno federal reabrió este jueves, después de convertirse en ley la legislación que regula un presupuesto general hasta el 30 de enero, pero que permite financiar por todo el año fiscal federal 2026 un puñado de agencias y programas, como la Asistencia Nutricional (PAN) para Puerto Rico.

La administración de Donald Trump informó este jueves que tomará algunos días restablecer el pago pleno de la asistencia federal, y cumplir con los salarios, retroactivamente, de los cerca de 2.2 millones de empleados federales que no han cobrado desde el 1 de octubre.

Cerca de 700,000 empleados que habían sido enviados a sus casas, regresaban a sus puestos después de siete semanas.

En el caso de los controladores aéreos, el secretario de Transportación, Sean Duffy, confió en poder hacer esos pagos en unas 48 horas. Pero la normalización de los aeropuertos puede tomar varios días. La meta es que las cosas vuelvan a su curso normal para la semana del Día de Acción de Gracias, la de mayor cantidad de vuelos normalmente en Estados Unidos.

Mientras, los museos y parques nacionales pueden comenzar a funcionar este fin de semana.

En Washington D.C., la Institución Smithsonian anunció que los museos de Historia de Estados Unidos, Aire y Espacio, y el Steven F. Udvar-Hazy Center, en Virginia, reabrirán el viernes, pero que todos los demás, incluido el zoológico de la capital estadounidense, volverán a operar el lunes.

La ley obliga, además, a restituir en sus puestos a más de 4,000 empleados federales que fueron destituidos por la administración de Trump a mediados de octubre. Entonces, el presidente estadounidense hizo claro que los despidos estaban vinculados a programas “demócratas”.

El presidente Trump convirtió en ley el miércoles en la noche el paquete legislativo que terminó con un cierre parcial del gobierno federal que se extendió durante 43 días –el más largo de la historia–, y que provocó limitaciones en los beneficios de la asistencia alimentaria, en el funcionamiento de los aeropuertos debido a la ausencia de controladores aéreos y en otros servicios gubernamentales.

Trump firmó la legislación menos de dos horas después de que la Cámara de Representantes (222-209) la aprobó, con seis demócratas votando a favor y dos republicanos en contra. La medida había sido aprobada el lunes en el Senado (60-40), con la ayuda de ocho miembros del caucus demócrata.

En cuanto a Puerto Rico, la legislación asigna $2,979 millones para todo el año fiscal federal 2026, que comenzó el 1 de octubre, unos $57 millones más que los autorizados para el anterior. También renueva los cerca de $170 millones del programa de asistencia alimentaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) y asigna $155 millones para la escuela de la antigua base Ramey, una iniciativa del Pentágono que ha flotado por el Congreso varios años.

La legislación asigna todo el presupuesto de este año fiscal federal, que termina el 30 de septiembre de 2026, para los departamentos de Agricultura, y Asuntos del Veterano, al igual que para la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), las construcciones militares del Pentágono y el Congreso, incluidas sus oficinas anexas.

Una vez reabierto el gobierno federal, comienza la batalla para evitar otro cierre parcial del gobierno federal a finales de enero, que tendrá como punta de lanza los subsidios para los planes médicos de la ley Obamacare, que expiran al terminar el mes próximo, y los crecientes costos en los servicios de salud.

Republicanos y demócratas exhortaron al electorado a no olvidar lo ocurrido durante el cierre.

Mientras, Trump volvió a exhortar a la mayoría republicana del Senado a terminar con la regla del filibusterismo, que exige normalmente 60 votos para llevar una medida a votación final.

En expresiones previas, el presidente de Estados Unidos ha dicho que los demócratas, de todos modos, lo harán, si recuperan el control del Senado, para admitir a Puerto Rico y Washington D.C. como estados, entre otras iniciativas “altamente destructivas”.

“Esta lucha no ha terminado. Lucharemos hasta ganar esta batalla para el pueblo estadounidense”, dijo el líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York), quien presentó legislación que extendería por tres años los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare.

La propuesta demócrata había sido derrotada la noche anterior en el Comité de Reglas, por lo que Jeffries comenzó a recoger firmas para un proyecto que pueda ir por descargue al pleno cameral.

Para el líder Jeffries, cerca de dos decenas de republicanos de la Cámara baja que se han expresado a favor de los subsidios tendrán el reto “de ver si sus palabras tienen significado”.

Jeffries afirmó que el electorado estadounidense está decidido a sacar a los republicanos de la mayoría cameral en las elecciones de noviembre de 2026 “y quitar al presidente Trump de la presidencia de la Cámara de Representantes”, al afirmar que la mayoría legislativa ha cedido su poder al inquilino de la Casa Blanca.

Con 214 demócratas en la Cámara baja, Jeffries necesitará, al menos, cuatro republicanos para poder exigir una votación en el pleno cameral en los próximos días o semanas.

Durante la firma del proyecto de ley, Trump insistió en que, en vez de financiar subsidios a los planes médicos de Obamacare, que ese dinero debe ir directamente a los ciudadanos.

El speaker Mike Johnson (Luisiana) sostuvo que los demócratas “sabían que el cierre iba a causar daño, pero lo hicieron de todos modos”. “Han querido mostrar resistencia al presidente Trump, para complacer a su base de izquierda”, afirmó el presidente del Comité de Presupuesto, Jodey Arrington (Texas).

Tras la votación, Johnson evitó, otra vez, comprometerse con una votación en torno a los subsidios de Obamacare. Indicó que, por el trámite regular de medidas, quieren revisar los costos de ese programa y proponer una solución.

En lo que parece hay consenso bipartidista es en cuestionar un lenguaje del proyecto de ley que permitiría a senadores, en este caso republicanos, demandar al gobierno federal por el acceso no autorizado a sus registros telefónicos como parte de la investigación del ataque al Congreso del 6 de enero de 2021.

La legislación permite a los senadores perjudicados recibir una compensación de, al menos, $500,000.

Los demócratas presentaron una enmienda para remover ese lenguaje, que en teoría pudiera beneficiar a los senadores republicanos Lindsey Graham (Carolina del Sur), Bill Hagerty (Tenesí), Josh Hawley (Misuri), Dan Sullivan (Alaska), Tommy Tuberville (Alabama), Ron Johnson (Wisconsin), Cynthia Lummis (Wyoming) y Marsha Blackburn (Tennessee).

Graham dijo que reclamará más de $1 millón.

Para la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), el lenguaje representa “hurtarle a los estadounidenses”.

La sesión del miércoles fue la primera de la Cámara baja desde el 19 de septiembre. Pero volvió a recesar hasta el lunes.

El Senado, después de aprobar la legislación fiscal, recesó hasta el martes, 18 de noviembre.