Washington D.C. - El Concejo Municipal de Chicago (Illinois) aprobó una resolución que urge al Congreso a establecer una fecha concreta de salida para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.

La medida reclama a los legisladores federales “garantizar una transición hacia la plena autonomía fiscal y la gobernanza democrática local en Puerto Rico”, y “promover la autorrealización económica y esfuerzos de recuperación justa, que sean impulsados ​​por la comunidad y rindan cuentas a los puertorriqueños en la isla”.

La resolución, adoptada el jueves, es de la autoría de la concejala municipal boricua Jessie Fuentes, quien representa el barrio puertorriqueño de la ciudad de Chicago.

Una iniciativa similar fue aprobada también por el Concejo Municipal de San Luis, en Misuri.

La JSF cumplió el 31 de agosto nueve años de existencia, con el objetivo de controlar las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico y representarlo en el proceso de reestructuración de la deuda. La JSF fue creada por la ley Promesa, aprobada dos meses antes y que estableció un sistema de judicial de bancarrota territorial.

La resolución sostiene que, “casi una década después, la Junta continúa ejerciendo una amplia autoridad sobre las políticas fiscales de la isla, lo que genera serias preocupaciones sobre la erosión de la gobernanza democrática local y la autodeterminación de los puertorriqueños”.

Además, indica que, “si bien Puerto Rico ha avanzado en la reestructuración de su deuda”, la continuidad de la JSF sin una fecha concreta para el cese de sus funciones “representa una amenaza para la recuperación a largo plazo, la autonomía fiscal y la rendición de cuentas democrática”.

De acuerdo a la ley Promesa, para cesar sus funciones, la JSF tiene que certificar cuatro presupuestos equilibrados consecutivos –que se hayan elaborado “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, sin los gastos exceder los ingresos– y que el gobierno de la isla tiene un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables.

La JSF ha quedado muy limitada en sus funciones, después de que el presidente Donald Trump destituyó a seis de sus siete integrantes, criticando el tiempo que ha tomado reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la efectividad del ente, el gasto general de más de $2,000 millones y que no haya detenido la corrupción en el gobierno de Puerto Rico.

Trump despidió el 1 de agosto al entonces presidente del ente fiscal, el exjuez de Quiebras Arthur González; a la educadora Betty Rosa, comisionada de Educación de Nueva York; al inversionista Juan Sabater; al ejecutivo Luis Ubiñas; y al expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico Cameron McKenzie.

Doce días después, destituyó a Andrew Biggs, experto del grupo de estudio conservador American Enterprise Institute, un día después que criticara los despidos de sus excolegas.

El único miembro actual de la Junta es John Nixon, recomendado por el liderato republicano del Congreso.

Hace una semana, Biggs, González y Rosa presentaron una demanda, en el Tribunal Federal de San Juan, en la que sostienen que sus despidos fueron ilegales, por entender que la ley Promesa requiere justa causa y que el poder sobre el ente fiscal corresponde al Congreso, debido a que el Tribunal Supremo estadounidense determinó que son funcionarios “territoriales”.