Washington D.C. - La senadora Elizabeth Warren (Massachusetts) y el congresista Raja Krishnamoorthi (Illinois) afirmaron este viernes que los despidos de seis de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reflejan el interés del presidente Donald Trump de colocar aliados políticos en el ente financiero, que en este momento tiene como gran tarea impulsar el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Donald Trump despidió a casi todos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico porque, al parecer, no fueron lo suficientemente amables con sus compinches de Wall Street. No se equivoquen: el pueblo puertorriqueño sufrirá las consecuencias, ya sea por aumentos en las tarifas eléctricas o recortes en la salud y la educación”, indicó, en la red social X, la demócrata Warren.

Warren es la líder de la minoría en el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos.

“El repentino despido de casi toda la junta fiscal de Puerto Rico por parte del presidente Trump plantea serias preocupaciones sobre la priorización del favoritismo político por encima de la gente. Los puertorriqueños ya enfrentan mayores costos y una deuda abrumadora; el Congreso debe derogar PROMESA para frenar el abuso y proteger su derecho a un futuro financiero justo y democrático”, indicó, por su parte, el también demócrata Krishnamoorthi, precandidato al Senado estadounidense.

Krishnamoorthi fue uno de los que se reunió, a finales de julio, con su excolega Luis Gutiérrez y el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, para discutir temas como el futuro político de Puerto Rico y la JSF, antes del despido de seis miembros del ente financiero.

Trump despidió, el 1 de agosto, a cinco de los miembros de la JSF: al expresidente y exjuez de quiebras Arthur Gonzalez; a la comisionada de Educación de Nueva York, Betty Rosa; al inversionista Juan Sabater; al ejecutivo Luis Ubiñas; y al expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico Cameron McKenzie. Doce días después destituyó a Andrew Biggs, experto del American Enterprise Institute (AEI).

Cuatro de los despedidos son boricuas, McKenzie, Rosa, Sabater y Ubiñas. Además, cuatro fueron recomendados por demócratas, Rosa, Sabater, Ubiñas y Gonzalez. McKenzie y Biggs llegaron a la JSF por recomendación de líderes republicanos del Congreso, al igual que el único miembro actual del organismo, John Nixon.

Trump se propone nombrar miembros de la JSF en algún momento, después de que el Congreso vuelva a sesionar, el 2 de septiembre, según la gobernadora Jenniffer González.

La gobernadora y su administración han indicado que ha estado en comunicación con la Casa Blanca sobre los nombramientos del ente fiscal, aunque recientemente González dijo que no había hecho recomendaciones formales.

Previo a los despidos, que tuvieron lugar en medio de presiones de bonistas de la AEE, JSF había ofrecido pagar hasta $2,600 millones de los $8,500 millones de la deuda por concepto de bonos de la AEE.

Mientras, un grupo de bonistas reunidos en la firma Golden Tree Management –que compró sus acreencias después de la quiebra de la corporación pública– ha reclamado un pago de $12,000 millones, al sumar los intereses.

La congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) ha insistido, previamente, que estos despidos buscan abrir espacio “para miembros probonistas que darán prioridad al pago de los fondos buitre sin tener en cuenta el costo humano”

Cuando Trump llene las vacantes, sostuvo recientemente Velázquez, la JSF estará compuesta mayoritariamente por miembros que buscarán un mejor plan de ajuste de la deuda de la AEE para los acreedores.

“El sistema eléctrico de la isla está fracasando, y ahora los puertorriqueños pagarán más por un sistema que les falla porque los nuevos miembros darán prioridad al pago de la deuda por encima de todo lo demás”, sostuvo.