Washington D. C. - Los congresistas demócratas Darren Soto y Kathy Castor renovaron el reclamo en favor de una investigación federal sobre el escándalo en Florida que desvió $8.5 millones en fondos públicos de una organización que puso en marcha la esposa del gobernador Ron DeSantis a comités políticos.

En una carta enviada el lunes al jefe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud, March Bell, y al administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, el boricua Soto y Castor, electos por distritos de Florida, instaron a las autoridades federales a investigar el desvío de fondos otorgados a la organización Hope Florida Foundation, creada por Casey DeSantis.

Los legisladores federales por Florida hicieron el reclamo en una carta enviada el lunes y que fue divulgada el martes, después que un gran jurado confirmó las irregularidades.

“Si bien no podemos probar quién es el responsable, vemos claramente que se hizo un uso indebido del dinero de los contribuyentes con fines políticos, y nos gustaría que se implementaran cambios para evitar que esto vuelva a ocurrir”, determinó el gran jurado sin señalar a nadie.

Casey DeSantis creó la organización Hope Florida Foundation, en 2021, en momentos en que se pensaba que aspiraría a suceder a su marido, que termina este año sus dos términos como gobernador, sin posibilidad de ir a la reelección.

Los congresistas Soto y Castor advirtieron que en mayo de 2025 solicitaron originalmente una investigación federal ante las dudas que levantaba un acuerdo de $67 millones alcanzado por el gobierno estatal de Florida con la empresa Centene en torno al programa Medicaid. Por medio de ese acuerdo, se otorgaron $10 millones de dólares a Hope Florida Foundation.

De esos fondos, $8.5 millones fueron transferidos, mediante organizaciones sin fines de lucro, a comités de acción política (PAC) controlados por James Uthmeier, en respaldo a una campaña del gobernador en contra de una medida, que iría a referéndum, para legalizar la marihuana.

Uthmeier, actual fiscal general del estado, era entonces jefe de gabinete del gobernador DeSantis.

Los legisladores federales afirmaron que el informe del gran jurado indica que el PAC de Uthmeier transfirió $7 millones al Partido Republicano de Florida y $1.23 millones al Florida Freedom Fund, otro PAC controlado por el ex principal asesor del gobernador DeSantis.

“El informe ofrece un contexto importante sobre el momento en que se realizaron estas transacciones financieras durante los mortíferos huracanes Helene y Milton, y sugiere que el Estado pudo haberse aprovechado del caos y la confusión sobre el terreno para obtener rédito político, mientras los floridanos sufrían los efectos de la destrucción y devastación causadas por desastres naturales consecutivos”, señalaron los congresistas demócratas.

En su carta, Soto y Castor reclamaron a las oficinas federales que precisen si el gobierno de Florida infringió la ley federal “y si cumplió plenamente con el marco jurídico y normativo de los CMS” y Medicaid, entre otros programas.

En ese sentido, instaron a los directivos de CMS y la OIG de Salud federal a “considerar seriamente la nueva información que ha salido a la luz en este caso y a ofrecer total transparencia sobre cualquier participación del gobierno federal con el estado” de Florida en este escándalo.