Washington D.C. - La relación directa del abogado Christopher Kise con el presidente Donald Trump –a quien representó en el caso criminal federal por llevarse a su casa documentos secretos del gobierno– pudo influenciar en el retiro de los cargos de delitos graves en contra de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros dos coacusados, según informes.

Según el servicio de noticias Bloomberg Law, la conversación formal de los abogados de Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini con el Departamento de Justicia federal que permitió suavizar los cargos criminales –el pasado 29 de mayo– se llevó a cabo con funcionarios del subsecretario Todd Blanche, con quien Kise defendió a Trump en el caso por manejo ilegal de documentos clasificados, cargos que fueron desestimados por la jueza Aileen Cannon.

Kise, abogado de Herrera Velutini, también formó parte del equipo de defensa de Trump en el caso civil por fraude al que se enfrentó en Nueva York, relacionado con sus compañías.

En la oficina de Blanche, los abogados de defensa, liderados por Kise, encontraron respaldo a la teoría de que el caso contra Vázquez Garced, iniciado por la Fiscalía federal de San Juan –que encabeza Stephen Muldrow– y la División de Integridad Pública de Justicia federal, era un ejemplo de utilizar los tribunales como arma política, indicó Bloomberg Law.

Vázquez Garced apoyó a Trump en las elecciones de 2020.

Con su decisión, la oficina de Blanche pasó por encima de la División de Integridad Pública, que está a cargo de delitos de corrupción gubernamental.

Como subsecretario interino de Justicia federal, Emil Bove, otro que antes fue abogado de defensa de Trump, envió un memorando a la Fiscalía del distrito del sur de Nueva York para ordenar el retiro de los cargos de corrupción en contra del alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien se había comprometido a respaldar la ofensiva del gobierno federal en contra de personas con estatus migratorio indefinido.

En junio, los abogados de Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini, junto a la Fiscalía, presentaron una moción ante la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll, en la que dieron a conocer el acuerdo alcanzado para evitar el juicio por corrupción, que hubiese comenzado en agosto, y declararse culpables de un solo delito grave, que les evitaría la cárcel.

“Los acuerdos contemplan declaraciones de culpabilidad por delitos menores”, indica la moción, que se presentó en respuesta a una orden que la jueza emitió solicitando más información sobre el acuerdo.

En agosto de 2022, un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini fueron sido imputados de participar en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por el exbanquero a cambio de contribuciones políticas y servicios de consultoría.

Tras el acuerdo, el fiscal federal Max J. Pérez Bouret, de la oficina de San Juan, se retiró del caso, lo que se vincula con los esfuerzos por disminuir los cargos en contra de los tres imputados.

Pérez Bouret se sumó al equipo de fiscales, en marzo pasado, tras la salida de Ryan Crosswell, quien renunció en febrero a la División de Integridad Pública de Justicia federal, en Washington, D.C.