Washington D.C. - Tres meses después de comenzar el abarcador despliegue militar en el Caribe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue sin dar certeza sobre su plan con Venezuela, en momentos en que el Congreso puede examinar la legalidad de los ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes.

Trump ha impulsado una escalada militar en aguas del Caribe – que ha incluido reutilizar antiguas instalaciones y ejercicios en los alrededores de Puerto Rico-, centrada, hasta ahora, en el bombardeo de cerca de dos decenas de botes de supuestos narcotraficantes, que han dado muerte a unas 80 personas, al mismo tiempo que lanza advertencias sobre una potencial intervención contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Estamos en un momento de bastante incertidumbre”, indicó este lunes Jorge Rodríguez Beruff, experto en temas de seguridad en el Caribe y profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Universidad Carlos Albizu, en San Juan.

Rodríguez Beruff sostuvo que Estados Unidos parece prepararse para “una operación mayor”, mientras presiona para que Maduro “salga del poder”.

En la tarde del lunes, Trump encabezaría una reunión en la Casa Blanca con su equipo de seguridad nacional- incluidos los secretarios de Estado, Marco Rubio, y Defensa, Peter Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Daniel Caine-, sobre los próximos pasos en torno a Venezuela.

Estados Unidos, tras las elecciones de julio de 2024, considera ilegítimo el gobierno de Maduro, a quien Trump – quien acaba de anunciar que se propone indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por ayudar a llevar a Estados Unidos más de 400 toneladas de cocaína-, acusa de liderar el Cartel de los Soles, en referencia al respaldo que alega da a organizaciones de narcotraficantes.

El pasado día 24, el gobierno de Trump designó ese alegado cartel como una organización terrorista extranjera.

Hegseth y Caine visitaron la semana pasada, con ocasión del Día de Acción de Gracias, embarcaciones militares movilizadas al Caribe, como el portaaviones Gerald Ford, que llegó a la región hace tres semanas y elevó a unas 15,000 el número de tropas estadounidenses en la zona, que cuentan además con una flota de aviones, helicópteros y naves de desembarco, entre otros equipos.

El domingo, Trump confirmó que dialogó por teléfono con Maduro– en una fecha cercana al 21 de noviembre-, y advirtió que debe considerarse cerrado el espacio aéreo en Venezuela.

Trump exhortó a los periodistas a “no leer nada entrelíneas” sobre sus expresiones en torno al espacio aéreo venezolano y dijo que la conversación con Maduro “no fue ni bien ni mal”.

El gobierno de Venezuela ha advertido que la mera declaración de Trump sobre el espacio aéreo venezolano es una violación al derecho internacional y “un acto hostil, unilateral y arbitrario”.

“Como están las cosas, todavía no se puede decir si van a colocar gente en tierra o lanzar un ataque. Si lanzan un ataque, lo primero que buscarán será destruir aeropuertos e instalaciones militares, radares y misiles. Maduro dice que tienen 5,000 misiles rusos, no sé si es verdad”, indicó Rodríguez Beruff, coautor del libro “Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial”, en entrevista telefónica.

Rodríguez Beruff sostuvo que una operación de envergadura en Venezuela puede traer muchas complicaciones “mientras Maduro tenga el control de las fuerzas de seguridad”. En el plano político, Trump, a su vez, se enfrenta a la presión de un importante sector de su base, que se ha opuesto a las intervenciones estadounidenses en el extranjero.

Mientras ha vuelto a utilizar los aeropuertos de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, y Rafael Hernández, en Aguadilla, Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo para utilizar temporalmente una base aérea militar y un aeropuerto de República Dominicana para sus operaciones actuales en el Caribe, tras una visita la semana pasada del secretario Hegseth al vecino país.

Estados Unidos ha aumentado a su vez su presencia militar en las Islas Vírgenes estadounidenses y utilizado a Trinidad y Tobago, entre otras iniciativas en la región.

En las últimas horas, Trump ha tenido que responder a informes de que la orden del secretario Hegseth de no dejar sobrevivientes en los ataques a embarcaciones de supuestos narcotraficantes, pudiera haber incluido un “crimen de guerra”.

“No sé qué pasó, y Pete dijo que ni siquiera sabía de qué hablaba la gente. No habría querido un segundo golpe. El primero fue muy letal, estuvo bien”, indicó Trump el domingo, en el Air Force One, viajando de Florida a Washington D.C.

Según The Washington Post, la orden de Hegseth provocó que en el primer ataque de la reciente movilización militar en el Caribe- ocurrida el 2 de septiembre-, se lanzara un segundo golpe una vez el comandante a cargo de la ofensiva conoció que había dos personas vivas aferradas a restos del bote.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el lunes que el almirante Frank Bradley, comandante de Operaciones Especiales, dio la orden para el segundo ataque del 2 de septiembre. Leavitt afirmó que la orden es legal, pues se trataba de “defender” a Estados Unidos de “narcotraficantes terroristas”

Indicó que le tocará al Pentágono decir si puede publicar el vídeo de ese segundo ataque. En total, 11 personas fueron ejecutadas en aquel ataque.

Leavitt negó además que el secretario de Defensa diera una orden verbal para no dejar supervivientes en esos ataques.

Hegseth ha alegado – sin ser específico-, que el reportaje del Washington Post está equivocado y en las redes ha tratado de burlarse de sus críticos.

Para Hegseth, los ataques militares “están específicamente diseñados para ser ‘ataques letales y cinéticos’”, con el objetivo de “destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense”.

Pero, si antes habían denuncias de que asesinar narcotraficantes en altamar, en vez de arrestarlos, era ilegal, ahora hay senadores y congresistas republicanos interesados en investigar las más recientes revelaciones sobre la orden del Secretario de Defensa.

“Realizaremos una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”, indicaron en una declaración conjunta el presidente del Comité de Fuerzas Armadas del Senado, el republicano Roger Wicker (Misisipi), y el líder de la minoría en la comisión, el demócrata Jack Reed (Rhode Island).

Los jefes del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara baja también expresaron preocupación con los informes sobre la orden de Hegseth.

“Este comité se compromete a supervisar rigurosamente las operaciones militares del Departamento de Defensa en el Caribe. Nos tomamos muy en serio los informes de ataques posteriores contra embarcaciones presuntamente transportando narcóticos en la región del Comando Sur y estamos tomando medidas bipartidistas para obtener un informe completo de la operación en cuestión”, indicaron, por su parte, el presidente de la comisión, el republicano Mike Rogers (Alabama), y el líder demócrata, Adam Smith (Washington).