Washington D.C. - Donald Trump afirmó que el salón de bailes y banquetes que construye en la Casa Blanca no le costaría “ni 10 centavos” al erario estadounidense.

El costo de construcción, sin embargo, va por $400 millones en fondos privados –según ha dicho– y, ahora, el Senado republicano propuso inyectarle $1,000 millones en fondos públicos para medidas de seguridad.

La propuesta republicana está incluida en el proyecto de reconciliación fiscal que las mayorías del Senado y la Cámara de Representantes quieren aprobar este mes, a petición de Trump, y que se pensó solo iba a financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

La legislación tendrá un costo de $71,652 millones durante los próximos tres años, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) y, por ser un proyecto de reconciliación fiscal, puede eludir, en un Senado dividido 53 a 47, la regla del filibusterismo que exige normalmente, al menos, 60 votos para llevar una medida a votación final.

“Los republicanos viven en otro planeta (distinto al de) las familias estadounidenses. Los republicanos vieron a familias ahogándose en deudas y decidieron que lo que realmente necesitaban eran más redadas y un salón de baile para Trump”, indicó el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), en la red social X.

El senador demócrata Brian Schatz (Hawái) señaló, por su parte, que ahora los senadores quedarán en récord en torno a un proyecto que las encuestas reflejan es muy impopular.

Trump y legisladores republicanos incrementaron la defensa del “ballroom” después del intento del atentado ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un incidente en el que la fiscalía federal le imputó a Cole Tomas Allen tratar de asesinar al presidente.

La legislación, divulgada el lunes por la mayoría republicana del Senado, indica que el dinero para el salón de baile se utilizará solo para “medidas de seguridad” en la superficie y bajo tierra.

En momentos en que el National Trust for Historic Preservation –que protege sitios de valor histórico– busca bloquear el proyecto de Trump, la Casa Blanca indicó a los tribunales que el salón estaría fortificado e incluiría refugios antibombas, instalaciones militares y centro médico subterráneo.

“Como el presidente Trump ha dicho repetidamente, la Casa Blanca debe ser un complejo seguro que las futuras generaciones de presidentes y visitantes puedan disfrutar”, indicó Davis Ingles, portavoz de la Casa Blanca.

El propósito original del proyecto de reconciliación fiscal era solo ir por encima del trámite regular de medidas para financiar ICE y CBP hasta 2029, ante la oposición de los demócratas a aprobar sus presupuestos regulares sin que se incluyan reformas en esas agencias, después de que hasta tres ciudadanos estadounidenses murieran durante las movilizaciones en que han ido en busca de personas con estatus migratorio irregular.

Los demócratas reclaman que cualquier presupuesto incluya nuevos requisitos para los agentes de inmigración, como el uso de mascarillas, cámaras corporales, órdenes judiciales para realizar allanamientos y el fin de los patrullajes itinerantes en que van por las calles deteniendo personas que consideran tienen un perfil de “inmigrante”.

Además de los fondos para el salón de baile, la medida asignaría $38 200 millones a ICE, $26,100 millones a CBP, $5,000 millones para deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional y $1,500 millones para cumplir con actividades contra el crimen del Departamento de Justicia.

“El Comité de lo Jurídico del Senado está tomando medidas para brindar certidumbre a las fuerzas del orden federales y calles más seguras para las familias estadounidenses. Trabajaremos para garantizar que esta financiación crucial se apruebe sin demoras innecesarias”, dijo el lunes el presidente del Comité de lo Jurídico, el republicano Charles Grassley (Iowa), cuando dio a conocer la legislación.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Comité de lo Jurídico del Senado, Richard Durbin (Illinois), considera que los republicanos “corren el riesgo de perder el control del Congreso en noviembre, por lo que están recurriendo a medidas al margen del proceso habitual de asignación de fondos bipartidista para financiar estas políticas impopulares hasta el final de la administración Trump”.