Washington D.C. - La gobernadora Jenniffer González descartó este martes que su campaña de 2024 haya estado vinculada a un esquema de compra de votos en las cárceles de Puerto Rico.

“Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley, como la publicación difamatoria en un medio nacional sobre alegados esquemas durante el pasado cuatrienio y que ahora se quiera adjudicar a mi campaña. Esto es un intento de aquellos que quieren mancillar mi reputación, y no lo conseguirán”, indicó González, en una declaración enviada por La Fortaleza.

La gobernadora -como hiciera horas antes su director de campaña y actual secretario de la Gobernación, Francisco Domenech- se desvinculó de un esquema de compra de votos a su favor a cambio de drogas que habría puesto en marcha la organización criminal Grupo 31, conocida también como “Los Tiburones”.

Según reseñó el medio ProPublica, aunque los investigadores tenían pruebas sólidas contra reclusos y funcionarios del sistema correccional, preparaban acusaciones y buscaban conocer si González o su equipo de campaña estaban implicados, la jefatura de la fiscalía federal de San Juan ordenó excluir las denuncias sobre la compra de votos de las alegaciones en contra de miembros de la organización Grupo 31.

La publicación había señalado que la gobernadora no estuvo disponible para responder a sus preguntas.

“Cualquier investigación federal que exista, si existe, debe preceder mi administración. Este reportaje es uno de encargo por la misma gente que quieren seguir intentando manchar mi reputación. Seguiré enfocada en hacer el trabajo a favor de la gente”, afirmó González, presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) y trumpista, al indicar que ha combatido la corrupción y “respetado los procesos democráticos”.

La fiscalía federal presentó cargos criminales, en diciembre de 2024, contra 34 personas vinculadas a la organización criminal Grupo 31 o el Grupo de los 31, imputados de distribuir drogas a casi todas las cárceles de Puerto Rico con el uso mayormente de “drones”.

Cuando se llevaron a cabo los arrestos, el 17 de diciembre de 2024, el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, sostuvo que “el Grupo 31 se creó formalmente en 1998” y que “su objetivo principal era establecer y promover la comunicación con el gobierno para buscar mejor oportunidad para los reos”.

Las denuncias de diciembre de 2024 incluyeron cargos por distribuir drogas –acciones que causaron, al menos, cuatro muertes–, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. El esquema de votos por drogas, no por dinero, es descrito en las alegaciones presentadas por la fiscalía, pero no presentó ningún cargo criminal sobre ese asunto.

“Los individuos que no votaban por los candidatos que eran respaldados por el Grupo de los 31 estaban sujetos a represalias, incluyendo retenerles las sustancias ilegales”, indica el pliego acusatorio.

Poco después que Trump tomó posesión, en enero de 2025, el fiscal Jorge Matos, quien encabezaba la investigación, fue instruido descontinuar la pesquisa. Matos, quien no estuvo disponible para el medio periodístico, renunció al Departamento de Justicia federal en junio de 2025.

“En el proceso de campaña eleccionaria, escuchamos a todos los sectores de la población para garantizar políticas públicas que atendieran las necesidades de todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico y esto incluyó que mi equipo de campaña y esta servidora se reuniera con familiares de confinados preocupados por la rehabilitación y la reinserción a la sociedad”, indicó la primera ejecutiva.

Al igual que Domenech, González sostuvo que la mejor evidencia de que su equipo no estuvo vinculado a ninguna ilegalidad referente al voto de los confinados es que, “durante la primaria electoral del 2024, la población correccional votó abrumadora en contra de esta servidora y a favor del exgobernador Pedro Pierluisl”.

“También rechacé como parte de esa campaña la petición que me hicieran familiares de confiados de que se quedara en su cargo la exsecretaria de corrección Ana Escobar”, indicó.

En torno a los proyectos que ha impulsado su administración, González afirmó que está “comprometida con la rehabilitación de los confinados y su reinserción a la sociedad”.

Al aludir a su programa de gobierno, González destacó “iniciativas, como la erradicación de la hepatitis C en las cárceles, las oportunidades de aprendizaje virtual para personas en las cárceles en instituciones de educación superior y la mayor inversión en trabajadores sociales asignados a las cárceles demuestran nuestro compromiso”.