Washington D.C. - La organización puertorriqueña Kilómetro Cero se ha integrado a una alianza de organizaciones de derechos humanos, justicia y datos que persigue “reducir la dependencia de grandes corporaciones de tecnología y desarrollar capacidades independientes para trabajar con modelos de lenguaje a gran escala”.

La Cooperativa de Libertad Tecnológica reúne a organizaciones de Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, México y Europa.

“Es un hecho que las grandes empresas tecnológicas forman parte del engranaje de la represión estatal que afecta, todos los días y en todas partes, la vida y los derechos de las comunidades más marginadas. No podemos permitir que los intereses corporativos pongan en riesgo conjuntos de datos fundamentales para la rendición de cuentas por la violencia estatal y el acceso a la justicia”, afirmó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, que promueve la protección de la vida, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública.

La Cooperativa de Libertad Tecnológica está integrada por Human Rights Data Analysis Group (HRDAG), Invisible Institute, Innocence & Justice Louisiana, Data Cívica y Kilómetro Cero, con el apoyo de John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

Según sus integrantes, “la alianza proporcionará sistemas distribuidos para el respaldo de datos e infraestructura local de Inteligencia Artificial (IA) para organizaciones que se dedican a documentar violaciones a derechos humanos, violencia de Estado, condenas injustas y otros abusos de poder”.

La Cooperativa sostuvo que las organizaciones de derechos humanos suelen preservar datos, que son irremplazables, sobre violencia estatal en sistemas controlados por grandes corporaciones tecnológicas que pueden estar sujetas a presiones gubernamentales.

La coalición recordó que, según informes, Microsoft revocó, la cuenta del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, después de que Estados Unidos le impusiera sanciones económicas por investigar posibles crímenes de guerra en Gaza.

La intención es preservar datos, construir una infraestructura local de IA y desarrollar peritaje técnico junto a grupos cívicos.

“La sociedad civil no puede depender de las grandes empresas de tecnología para resistir a la presión estatal y proteger datos sensibles”, señaló Patrick Ball, director de Investigación de HRDAG, al acentuar la importancia de que puedan mantener “el control sobre nuestros datos y nuestras herramientas, para poder exigir rendición de cuentas en futuros procesos de justicia y más allá”.

Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, señaló que “en un momento en que el poder tecnológico está cada vez más concentrado, nuestra respuesta es intentar tomar parte de ese poder y compartir el riesgo entre organizaciones de distintas geografías”.