El Primer Circuito de Apelaciones federales, en Boston, confirmó la decisión de la jueza Laura Taylor Swain que permite acabar con la paralización de demandas, de carácter personal, en contra de altos funcionarios del gobierno de Puerto Rico, por violaciones de derechos civiles durante las protestas ciudadanas del 1 de mayo de 2018.

Un panel de tres jueces del Primer Circuito echó a un lado los argumentos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y coincidió con la interpretación de la juez Swain, a cargo del tribunal de bancarrota creado por la ley PROMESA.

“Nos convence la interpretación que el tribunal del Título III hizo de su propia orden, especialmente cuando nuestro propio análisis apunta al mismo resultado”, indicó la opinión del juez William Kayatta, que examinó el caso junto a sus colegas Jeffrey Howard y Lara Montecalvo.

En una decisión del 12 de junio, el panel mantuvo que el plan de ajuste de la deuda del Estado Libre Asociado “establece explícitamente que no incluye exoneraciones de terceros, y el argumento de redundancia de la Junta, cualesquiera que sean sus méritos en abstracto, no puede prevalecer sobre ese texto claro”.

La decisión representa una victoria para los demandantes del caso, Jonathan Hernández Zorrilla y Yadira Carrasquillo González – representados por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés), y otros ciudadanos que puedan tener reclamos en contra del gobierno de Puerto Rico.

Los casos de Hernández Zorrilla y Carrasquillo González - que se analizaron en una sesión oral del Primer Circuito en abril pasado-, podrán ahora seguir su curso en el Tribunal Federal de San Juan.

Hernández Zorrilla y Carrasquillo González demandaron a los entonces responsables de la seguridad pública en Puerto Rico - incluidos el gobernador Ricardo Rosselló, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y el jefe de la Policía, Henry Escalera -, quienes denunciaron, en casos que fueron consolidados, que fueron agredidos físicamente, incluso con gases lacrimógenos, mientras ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión durante la manifestación del Día de los Trabajadores de 2018.

En su demanda, Hernández Zorrilla ha subrayado que la agresión que sufrió incluyó ser impactado por balas de goma.

“Celebramos la determinación del panel de jueces en Boston como una victoria para los derechos civiles en Puerto Rico, conscientes de que la propia existencia y permanencia de la Junta constituye de por sí una violación a los derechos de todos los puertorriqueños. La Junta pretende que Puerto Rico sea una zona libre de derechos civiles. La Corte Apelativa rechazó esa visión y desde la ACLU de Puerto Rico continuaremos vigilantes para que la Ley PROMESA no desplace ni erosione garantías constitucionales”, indicó Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU de Puerto Rico.

Martínez Orabona sostuvo que la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales debe permitir “la continuación de un sinnúmero de casos, como el de Yadira y Jonathan, que han estado paralizados bajo el pretexto de PROMESA”.

La demanda de Hernández Zorrilla y Carrasquillo González quedó paralizada en septiembre de 2023. La decisión de Swain se dio después de que el plan de ajuste de la deuda del gobierno central fue aprobado y se comenzó a pagar el servicio de esas obligaciones.

“La crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico no puede convertirse en una licencia para la impunidad y la Junta no debe insistir en su intento de eliminar la posibilidad de que las personas reclamen ante la violación de sus derechos”, indicó, por su parte, Steven Lausell Recurt, abogado de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y quien argumentó el caso en la sesión oral del Primer Circuito.