Vista del Comité de Recursos Naturales en el Congreso.
Vista del Comité de Recursos Naturales en el Congreso. (José A. Delgado)

Washington D.C.– El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes superó hoy las objeciones republicanos y aprobó (25-20) el proyecto de ley que persigue un plebiscito federal en 2023 en Puerto Rico entre la estadidad, la independencia y la libre asociación.

En una señal de que algunos liberales están insatisfechos con la medida, dos demócratas del Comité votaron en contra, Jesús “Chuy” García, quien representa el barrio boricua de Chicago (Illinois), y Rashida Tlaib (Michigan). Y el único voto republicano a favor del proyecto de ley en la comisión fue el de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Aunque el debate de status no está en la agenda del Senado de Estados Unidos- donde su liderato ha descartado avanzar una medida a favor de la estadidad para la Isla-, la intención del líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland), es llevar la votación la medida, con el número 8393, a finales de la semana próxima en el pleno de la Cámara de Representantes.

“Ese es el objetivo”, reafirmó a El Nuevo Día el presidente del Comité, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), tras la sesión de hoy, en torno a un potencial voto la semana próxima en el pleno cameral. Poco antes, Hoyer había también reiterado en horas de la mañana a El Nuevo Día su interés en que sea aprobado por el pleno cameral antes del receso de agosto, que comienza el viernes 29 de julio.

Poco antes de la votación final, el senador republicano Roger Wicker (Misisipi) presentó un proyecto de ley en el Senado que utiliza como modelo 8393 para proponer el “Estado Libre Asociado” como cuarta alternativa de status, junto a la independencia, la soberanía en libre asociación y la estadidad.

“El pueblo de Puerto Rico tiene una herencia rica y distinta, y merece un voto justo por su futuro político que no ofrezca una elección falsa entre la estadidad o la independencia”, dijo Wicker, al anunciar el proyecto que incluiría el status territorial como alternativa.

Wicker sostuvo que a pesar de afirmaciones contrarias de colegas, “no han considerado adecuadamente el hecho de que muchos puertorriqueños no quieren cambiar su status”.

El senador Wicker, quien ha sido aliado de líderes del Partido Popular Democrático (PPD), también es coauspiciador del proyecto 865 de su colega Robert Menéndez (Nueva Jersey), que propone vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales.

Sin embargo, la primera enmienda republicana que fue derrotada (27-15) en el comité - en el que hay 26 demócratas y 21 republicanos, fue la iniciativa del republicano Tom McClintock (California) para incluir el status territorial en el proyecto cameral. Además de la comisionada González, sus colegas Pete Stauber (Minnesota), Jerry Carl (Alabama) y Blake Moore (Utah) votaron con los demócratas para descartar la enmienda sobre el status territorial.

Esos cuatro republicanos también ayudaron a derrotar (28-14) otra propuesta de McClintock para incluir la opción “ninguna de las anteriores” en el proyecto cameral.

Al momento de su aprobación, 12 demócratas - incluido Grijalva, autor principal -, y cinco republicanos, entre ellos la comisionada González, han coauspiciado la legislación cameral.

Según fuentes, los demócratas pueden necesitar cerca de una decena de republicanos para lograr su aprobación en el pleno cameral.

El congresista García indicó que aunque ve en la legislación “un primer paso” hacia la descolonización votó en contra por no haberse celebrado audiencias públicas sobre la medida, y estar insatisfecho con las definiciones, específicamente el tema de la ciudadanía estadounidense bajo la libre asociación, no decirse nada de la representación deportiva internacional de Puerto Rico bajo la estadidad ni sobre las implicaciones fiscales y en torno a la deuda pública de la Isla.

“Los puertorriqueños merecen una audiencia legislativa formal y accesible sobre un proyecto de ley de tanta importancia en la que los miembros de la comunidad puertorriqueña y las partes interesadas tengan la oportunidad de contribuir con sus perspectivas al debate”, dijo García. Grijalva sostuvo que su colega García le había dado a conocer su oposición al proyecto.

Antes de aprobar la legislación, el liderato demócrata también derrotó enmiendas republicanas dirigidas a evitar, entre otras cosas, poner en vigor la vigencia de la medida hasta que se cumplan los objetivos de la ley Promesa o se pague toda la deuda pública, exigir una supermayoría, la adopción del inglés como idioma oficial de Estados Unidos y de las operaciones del gobierno.

McClintock, por ejemplo, también impulsó sin éxito requerir dos tercios de los votos para reconocer la fórmula ganadora- bajo el argumento de que le corresponde al Congreso la última decisión en torno a la estadidad-, y convertir el inglés en el idioma oficial de Estados Unidos y en el de operaciones del gobierno de Puerto Rico, incluidas sus oficinas, tribunales y educación pública.

A los demócratas se unieron cinco republicanos - González, Moore, Cliff Bentz (Oregón), Daniel Webster (Florida) y Jay Obernolte (California)-, para derrotar la enmienda sobre el inglés.

Mientras, el líder de la minoría en el Comité, Bruce Westerman (Arkansas), propuso que de convertirse en ley el proyecto, la vigencia de la legislación quede paralizada hasta que se cumplan con los objetivos de la ley PROMESA. Pero, esa potencial enmienda fue derrotada 25-18.

Su colega Laura Boebert (Colorado) abogó porque se elimine el apartado que permitiría una campaña educativa sobre el plebiscito financiada por el gobierno federal.

Otras enmiendas del republicano Jody Hice (Georgia) buscaron impedir la estadidad hasta que Puerto Rico haya pagado toda su deuda pública, Hice también propuso que Estados Unidos mantenga sus bases militares y pueda evitar la influencia de China sobre el servicio de la deuda pública bajo un Puerto Rico soberano.

Los demócratas- encabezados por Grijalva, Nydia Velázquez y Darren Soto- y la comisionada González se opusieron a todas las enmiendas republicanos.

“Tenemos aquí que lidiar con un legado de colonialismo”, indicó Grijalva, al abrir la sesión, y subrayar que por eso persiguen darle al electorado puertorriqueño la oportunidad de escoger entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. “Quizá mi preferencia no prevalecería en el plebiscito”, comentó, sin decir cuál es.

El líder Hoyer participó del inicio de la sesión para reafirmar su apoyo a la legislación e indicar que el gobernador Pedro Pierluisi le reiteró el miercoles su respaldo.

El republicano Westerman reiteró sus críticas al proyecto de ley y afirmó que la atención del Congreso debe estar sobre la red eléctrica, su situación fiscal e infraestructura., y que deben completarse los objetivos de la ley Promesa antes de permitir un cambio en el status político de la Isla.

Westerman insistió además en que se ha querido tramitar la legislación por la vía rápida, sin una audiencia pública sobre el texto de una medida que se presentó el pasado viernes, después de negociaciones a puertas cerradas.

“La legislación tampoco tiene en cuenta el hecho de que Puerto Rico aún está en proceso de reestructuración de su deuda multimillonaria, y pasar por alto todo el orden regular para apresurar a la isla hacia un estatus político diferente crea un precedente procesal peligroso”, dijo Westerman.

Su colega Obernolte dijo que respalda la estadidad, pero que el trámite acelerado de la legislación le hizo oponerse al proyecto. El también republicano Garret Graves (Luisiana), tras elogiar el compromiso de la comisionada González con la estadidad, reiteró sus críticas al proceso y precisó que la abrumadora mayoría de los miembros quedaron fuera de las negociaciones sobre el nuevo proyecto de ley.

“Los asuntos que se levantan” - destacando los fiscales, ciudadanía e inmigración-, “son demasiado importantes para actuar sin una deliberación apropiada”, sostuvo Westerman.

El republicano Matt Rosendale (Montana) sostuvo que un Puerto Rico estado de Estados Unidos tendría más representación que Montana y que “la gente de Montana no lo va a apoyar”.

Sin respaldo para la legislación entre sus colegas republicanos, la comisionada González defendió el proyecto junto a la mayoría demócrata.

Ante las críticas por la prisa, dijo que es un tema que se ha discutido por años en el Comité y que el proyecto 8393 surge de las discusiones de los pasados nueve meses sobre las legislaciones 1522 y 2070 que se llevaron a vistas públicas.

“¿Alguien me puede decir cuanto tuvimos una audiencia sobre la independencia?”, preguntó Westerman. Mientras, McClintock afirmó que la ley permitiría la plena anexión de Puerto Rico como estado, un año después de una mayoría votar por esa alternativa, pese estar “en bancarrota y mal administrado”.

Westerman, McClintock y Rosendale defendieron principalmente las enmiendas para añadir las opciones del territorio y ninguna de las anteriores, y aludieron al respaldo que tiene el status vigente entre los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

“Se abrogan la decisión que debe tomar la gente del ELA de Puerto Rico”, dijo McClintock, al cuestionar que los autores de la legislación excluyan el status territorial vigente.

Grijalva señaló que incluir “ninguna de las anteriores” supondría pensar que “hay una opción misteriosa” no territorial -adicional a la estadidad, la independencia y la libre asociación-, que no existe.

Velázquez dijo, por su parte, que la enmienda de McClintock dañaría la legislación y la convertiría en una “burla”. “Tiene razón, yo respaldé el ELA”, le dijo a McClintock, pero sostuvo que las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos demostraron que “Puerto Rico no tiene poderes”, y que el control de su soberanía descansa en el Congreso.

Al oponerse a incluir el status territorial, la comisionada González mencionó que el Ejecutivo federal ha rechazado la posibilidad de crear algo distinto, por medio de un status de “ELA mejorado”.

El Estado Libre Asociado territorial es la principal razón por la cual Puerto Rico todavía se enrenta a retos sociales, fiscales y económicos”, indicó González, quien en una conferencia de prensa en su oficina dijo que los propios republicanos habían reconocido que los presidentes del Senado y la Cámara baja de la isla impulsaron algunas de las enmiendas.

En torno al inglés como idioma oficial, McClintock dijo que “la estadidad es incompatible con separatismo”y que ya la ley federal exige que la persona que ocupe el puesto de Comisionado de Puerto Rico residente en Washington tenga dominio del inglés.

Mientras, la comisionada González sostuvo que Estados Unidos no tiene un idioma oficial y que la Constitución prohibe que el Congreso pueda imponerle un idioma a un estado, aunque mencionó que la intención del gobierno de Puerto Rico es mejorar la enseñanza del inglés.

La demócrata Teresa Fernández Leger (Nuevo México), sostuvo que a su estado no se le denegó la estadidad “por nuestra capacidad para manejar más de un idioma”.

“Es nuestro deber ofrecer un proceso democrático y transparente”, dijo, por su parte, la congresista Velázquez al combatir la enmienda de la republicana Boebert, quien había censurado que no se tenga a la mano un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) sobre el impacto fiscal para el gobierno federal de esta legislación.

Velázquez -quien destacó que la legislación promueve que por vez primera la libre asociación sea una alternativa independiente-, afirmó que el cálculo económico verdadero de la medida son los 124 años de colonialismo, que han beneficiado a Estados Unidos y representado abusos contra Puerto Rico.

Tras escuchar las denuncias de Velázquez en contra de las imposiciones hechas por Estados Unidos en la isla y sucesos como la Masacre de Ponce, al  republicano Bentz, de Oregón, le enojó que se quiera hablar de que Estados Unidos debe hacer reparaciones en su relación con Puerto Rico.

Mientras, el demócrata boricua Soto -ante las críticas a la crisis fiscal y de deuda de la isla-, destacó las inconsistencias de la política pública unilateral de Estados Unidos sobre Puerto Rico y las limitaciones en el acceso a programas federales.

Otras enmiendas republicanas que quedaron aparcadas sobre la independencia buscaron que Estados Unidos retuviera sus bases militares, se exigiera que Puerto Rico pagara su deuda, que no recibiera asistencia de China y que se le obligara a firmar un tratado de extradición bajo la independencia.

La legislación fue presentada originalmente el pasado viernes por Grijalva con el coauspicio de Hoyer, Velázquez, Soto y González. El lunes coauspiciaron la legislación los demócratas Katie Porter (California), Betty McCollum (Minnesota) y Rubén Gallego (Arizona), el delegado demócrata de Guam, Michael San Nicolas, y la congresista republicana María Elvira Salazar (Florida). El martes, se sumaron los demócratas Teresa Fernández Leger (Nuevo México), Lori Trahan (Massachusetts) y Paul Tonko (Nueva York), y los republicanos Fred Upton (Michigan), John Katko (Nueva York) y Don Bacon (Nebraska).

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