Washington D.C. - Más de 180 empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) han advertido al Congreso que la falta de experiencia del liderato de esa dependencia gubernamental pone en peligro la respuesta a desastres naturales, particularmente durante esta temporada de huracanes.

En una carta, divulgada por The Washington Post, los empleados –34 de los cuales revelaron sus nombres– cuestionaron la capacidad de la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, y el administrador interino de FEMA, David Richardson, de lograr que la agencia federal pueda cumplir con su misión.

Al expresar el temor de que FEMA fracase en la respuesta a una emergencia, los empleados hicieron alusión, en la carta, a la crisis generada tras el azote del huracán Katrina en Luisiana, principalmente en Nueva Orleans. Tras el paso del huracán Katrina, murieron más de 1,300 personas. Los daños fueron calculados en $125,000 millones.

Doce años después, cerca de 3,000 personas murieron en Puerto Rico como consecuencia de la catástrofe causada por el huracán María, donde los daños se calcularon en unos $94,000 millones.

Para los empleados, el recorte de programas de mitigación, recuperación de desastres y capacitación, y la nueva política pública que requiere que la secretaria Noem valide todo gasto de más de $100,000, obstaculizan una respuesta satisfactoria a emergencias.

“Nuestro compromiso compartido con nuestro país, nuestros juramentos al cargo y nuestra misión de ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres nos obligan a advertir al Congreso y al pueblo estadounidense sobre las consecuencias en cascada de las decisiones tomadas por la actual administración”, indicaron los empleados en su carta.

Agregaron que dan la voz de alarma “para que podamos seguir cumpliendo legalmente con nuestros juramentos individuales al cargo y servir a nuestro país como dicta nuestra misión”.

Pero reclamaron al Congreso que proteja a los trabajadores de FEMA de despidos que puedan estar motivados políticamente y sean ordenados por el gobierno del presidente Donald Trump.

“El propio personal de FEMA lo sabe: Trump está preparando al pueblo estadounidense para el desastre”, indicó, en la red social X, el líder de la minoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Charles Schumer (Nueva York).

El presidente Trump creó un comité asesor, copresidido por Noem y el secretario de Defensa, Peter Hegseth, que deberá recomendarle cómo reorganizar o desmantelar FEMA. Pero, pese a que el presidente estadounidense ha indicado que quiere desmantelar la agencia, su gobierno ha preferido recientemente indicar que el propósito es reducir sus funciones y hacer que sea efectiva.

En una primera orden ejecutiva sobre FEMA, Trump sostuvo, en enero, que la responsabilidad del Consejo de Revisión de FEMA será evaluar el “papel tradicional de los estados y su coordinación con el gobierno federal para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos en preparación para durante y después de los desastres”.

En una declaración, FEMA afirmó que “continuará siguiendo los principios de gestión de emergencias que afirman que los desastres se gestionan mejor cuando cuentan con apoyo federal, gestión estatal y ejecución local”.

De los $91,452 millones asignados por el gobierno federal para mitigar las recientes emergencias en Puerto Rico –los huracanes a partir de 2017, los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID-19–, alrededor de $54,900 millones han sido administrados por FEMA. De esos $54,900 millones, se han desembolsado menos de la mitad, $25,347 millones, aunque los fondos obligados rondan los $51,780 millones.

Previamente, empleados de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), de la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA), la NASA y la Fundación Nacional de las Ciencias han cuestionado la política pública del gobierno de Trump. Unos 140 empleados de la EPA fueron suspendidos tras disentir públicamente de las gestiones de esta administración.