Washington D.C. - Líderes de la comunidad boricua de Florida central perciben que los cargos en contra de la alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, tienen el objetivo de desincentivar el voto de los puertorriqueños en las elecciones del 3 de noviembre y, en concreto, el respaldo a candidatos boricuas.

Independientemente de que pudiese haber alguna falta de Espinosa –lo que sostienen que determinará el proceso judicial–, el momento en que se radican los cargos y la gravedad con la que se presentan les hacen dudar de las intenciones del gobierno estatal de Florida, dominado por republicanos.

El voto adelantado en persona, de cara a unas elecciones estatales, locales y federales, comenzó en Florida el lunes.

“El momento en que se produce esta detención coincide con el inicio de las elecciones, al comienzo de nuestro proceso electoral, y eso es innegable… Tenemos que rendir cuentas. No conozco los detalles de este caso de Jackie Espinosa, pero definitivamente no es un hurto mayor… Me parece que es una cacería de brujas”, indicó este jueves Marcos Vilar, principal oficial ejecutivo de la organización Alianza for Progress y amigo de la alcaldesa.

Por su parte, Jimmy Torres Vélez, portavoz de la organización Boricua Vota, insistió en que, a solo dos semanas de las elecciones legislativas y estatales –en las que el fiscal general de Florida, el republicano James Uthmeier, aspira a la reelección–, la comunidad se siente perseguida, no solo por los operativos de agentes de inmigración que indiscriminadamente intervienen con personas inmigrantes o con un perfil que las autoridades asocian con inmigrantes, sino por el gobierno estatal republicano.

“Nos sentimos como si estuviéramos bajo una lupa, constantemente, mirando sobre nuestros hombros”, dijo Torres Vélez.

Espinosa, demócrata y nacida en Nueva Jersey de padres puertorriqueños, fue arrestada el martes, tras ser imputada de “hurto mayor” y de crear un “esquema organizado” para defraudar, al solicitar y obtener para sus empresas familiares $50,000 de un programa del municipio, Business Boost 2.0, financiado con fondos de la ley de rescate estadounidense para mitigar la pandemia de COVID-19.

El pliego acusatorio indica que la entonces abogada del municipio, Olga Sánchez de Fuentes, advirtió tanto a Espinosa como al administrador de la ciudad, Mike Steigerwald, que las normas aplicables prohibían que los comisionados de la ciudad, incluida la alcaldesa, recibieran ese tipo de subvención.

Según Uthmeier, Espinosa solicitó los fondos el mismo día en que ella abrió el programa Business Boost 2.0. En agosto, el Concejo Municipal de Kissimmee derrotó –por quedar empate, 2 a 2– una moción para destituir a Espinosa.

Antes del arresto de Espinosa, un grupo de líderes boricuas del área ya tenía prevista para este jueves una conferencia de prensa en Kissimmee para exhortar a los latinos a salir a votar y defender, sobre todo, el escaño del congresista demócrata puertorriqueño Darren Soto por el distrito 9, que tiene, precisamente, su base en Kissimmee.

El distrito 9 ha sido reordenado por el gobierno de Florida, bajo la dirección del gobernador Ron DeSantis, para que, en vez de favorecer a los demócratas, tenga un electorado que apoyó en casi un 18% la candidatura del ahora presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

En la conferencia de este jueves iba a estar Espinosa, como primera boricua alcaldesa de la zona. La convocatoria continuó, pero inevitablemente trató el arresto de la funcionaria, cuyas funciones han pasado interinamente a la vicealcaldesa Angela Eady.

Los líderes recordaron que Uthmeier era jefe de Gabinete de DeSantis cuando ocurrió el escándalo de la fundación Hope Florida Foundation, creada por la primera dama del estado, Casey DeSantis.

Un gran jurado concluyó que $10 millones de una transacción de fondos de Medicaid fueron malversados por Hope Florida “como parte de un sofisticado plan para financiar actividades políticas”, pero que no tuvo pruebas para radicar cargos criminales.

El exlegislador estatal en Florida y ex fiscal en Nueva York Anthony Suárez afirmó durante la conferencia de prensa –que El Nuevo Día escuchó por teléfono– que se debe defender la presunción de inocencia de Espinosa.

“No hay forma de saber si lo que pusieron en la declaración jurada es realmente cierto y si se sostendrá, ya sea que se trate de una violación ética o de un delito… Usan la táctica bien conocida, por ser promulgada a nivel nacional, de que esto es ‘ellos contra nosotros’. Al arrestar a la alcaldesa puertorriqueña de la ciudad de Kissimmee, les da esa capacidad de poner esa imagen ante los medios”, sostuvo Suárez, quien ha sido profesor de Derecho y fue presidente de la Asociación de Abogados Puertorriqueños de Florida.

La comisionada (concejal) municipal de Kissimmee Janette Martínez, puertorriqueña que votó en agosto a favor de destituir a Espinosa –como también hizo Eady–, se reservó su opinión sobre los cargos criminales en contra de la alcaldesa, aunque se solidarizó con la situación personal que atraviesa.

“No haré ningún comentario en lo que respecta a la alcaldesa o las acusaciones o cualquier otra cosa. Todo el mundo debe ser presumido inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia. Estoy aquí porque me pidieron que viniera a animar a los votantes a salir a votar… y hablar en nombre de la gran financiación que hemos recibido del congresista Darren Soto”, señaló Martínez.