Ariadna Godreau, Ayuda Legal Puerto Rico. (Vanessa Serra Diaz)

Washington D.C.- Ayuda Legal Puerto Rico exhortó hoy el Congreso a codificar con guías claras el programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), para que funcione con equidad y evitar que otro gobierno, como hizo la administración de Donald Trump con la isla, decida frenar asignaciones de emergencia.

Al declarar ante el subcomité de Vivienda, Desarrollo Comunitario y Seguros de la Cámara baja federal, Ariadna Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal, advirtió sobre los retos a que se han enfrentado los puertorriqueños de la isla para superar la catástrofe que causó el huracán María -unas 3,000 muertes, 786,000 viviendas dañadas y cerca de $100,000 millones en daños-, y los terremotos de 2020, que afectaron otras 52,370 casas.

“Tres años de desastres nos han acercado violentamente a una crisis climática, de vivienda e infraestructura, que amenaza la posibilidad de vida en Puerto Rico”, dijo, al acentuar que esa realidad se refleja en los datos del Censo 2020 que indican que la población de Puerto Rico se redujo en 11.8% durante la última década.

Godreau Aubert indicó al Congreso que es necesario que los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico rindan cuentas por la lenta recuperación de los recientes desastres naturales y la falta de equidad en ese proceso, y reclamó que el proceso tome en cuenta a los municipios, las comunidades y sea transparente.

“Más de 1.1 millones de solicitudes de asistencia fueron sometidas a FEMA – la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias-. Casi el 58% de las solicitudes y 75% de las apelaciones fueron negadas”, sostuvo.

La directora de Ayuda Legal indicó que tres años y medio después del huracán María el programa de Reparación, Reconstrucción y Relocalización (R3) del gobierno de Puerto Rico solo ha permitido arreglar 904 viviendas y reconstruir otras 45.

Insistió en que el gobierno federal debe eliminar el requisito de mostrar un título de propiedad para dar acceso a asistencia federal de emergencia. Cerca de la mitad de la población de Puerto Rico carece de un título de propiedad formal, dijo.

Relató, en ese sentido, la batalla que dio Ayuda Legal para que el gobierno de la isla eliminara de sus planes de acción el requisito de presentar un título formal.

También subrayó que la relocalización de las personas, en un país en el que hay 245,586 casas en zonas inundables, no puede ser la primera opción y que su organización ha presionado con fuerza para lograr que se reconozca la importancia de promover proyectos de mitigación.

La cuarta enmienda del plan de acción CDBG-DR indica que los participantes del programa R3 pueden aplazar recibir la subvención en espera de un proyecto de mitigación.

“Casi cuatro años después el desastre, una familia de bajos ingresos sin una vivienda segura no tendría más remedio que mudarse si la única alternativa es no recibir ninguna ayuda. También debemos tener en cuenta que la reubicación solo sería una opción si la familia tiene un título (de propiedad) ‘perfecto’”, indicó Godreau Aubert.

El republicano Van Taylor (Texas) expresó preocupación de que eliminar el requisito de exigir un título de propiedad como condición para recibir asistencia de emergencia - como impulsa el proyecto del demócrata Adriano Espaillat (Nueva York)-, pueda causar que la Legislatura de Puerto Rico evite tomar cartas en ese asunto.

En su ponencia, Godreau Aubert advirtió que no hay nada en las leyes o normas administrativas de Puerto Rico que requieran a una persona registrar su propiedad. Y dijo que la falta de documentación formal “también responde a la falta de acceso a la justicia, la inseguridad de la tendencia y los rescates de tierra”.

La directora de Ayuda Legal indicó que los hallazgos de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda federal (HUD) que confirmaron el freno y las restricciones que impuso el gobierno de Trump sobre los fondos de emergencia asignados a Puerto Rico por medio del programa CDBG-DR, son importantes, pero no pueden esconder las responsabilidades del gobierno de la isla.

El gobierno federal asignó a Puerto Rico cerca de $20,223 millones en fondos del programa CDBG-DR. La semana pasada, HUD indicó que habían desembolsado $14,000 millones, tras eliminar restricciones y darle un vuelco a la política pública que dejó Trump.

Pero, en su informe de abril, HUD señaló que de los cerca de los $9,728 millones que se habían hecho disponibles al Departamento de la Vivienda hasta marzo, el gobierno de Puerto Rico había dembolsado solo $1,313 millones. El gobierno de la isla ha insistido en que ha comprometido fondos adicionales.

La semana pasada, el secretario de la Vivienda de Puerto Rico, William Rodríguez, sostuvo que en corto tiempo deben tener acceso a unos $18,000 millones en fondos CDBG-DR. Solo quedarían pendientes de los $1,932 millones destinados a mejorar el sistema eléctrico de la Isla.

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