Washington D.C. - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene bajo evaluación una regla que reduciría los límites de ingresos para cualificar al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP, en inglés) –al cual las autoridades boricuas buscan integrar a Puerto Rico–, lo que puede excluir a 6.3 millones de personas de cara al año fiscal federal 2029.

“Es un ejercicio de crueldad disfrazado de responsabilidad fiscal ficticia”, dijo a El Nuevo Día el economista y abogado Sergio Marxuach, director de Política Pública del grupo de estudio Centro para una Nueva Economía.

La regla, cuyo período de comentarios terminó el pasado día 10, limitaría el acceso al SNAP a los hogares con ingresos de menos de alrededor de $35,500 anuales, es decir, un ingreso que no supere el 130% de las Guías Federales de Pobreza (FPG, en inglés).

“La proliferación de programas con criterios de elegibilidad significativamente diferentes a los estándares del SNAP ha supuesto un desafío para el departamento a la hora de preservar la elegibilidad categórica tal como se concibió originalmente”, indicó el Departamento de Agricultura cuando propuso la regla en el registro federal.

De acuerdo al Centro sobre Presupuesto y Política Pública Prioritaria (CBPP, en inglés) –un grupo de estudio con oficina en Washington D.C.–, “las personas que perderían la ayuda para comprar alimentos son principalmente familias trabajadoras con hijos, así como personas mayores y personas con discapacidad”.

Cerca de 42 millones de personas reciben beneficios del SNAP en los 50 estados, Islas Vírgenes estadounidenses y Guam.

“Esto es un juego peligroso. Están apretando a los más vulnerables del sistema en un momento cuando la tasa de inflación sigue creciendo por encima del crecimiento de los salarios, el crédito se hace más caro, se vislumbran reducciones en el Medicaid y el crecimiento económico se ralentiza debido a la guerra en Irán, los aranceles y cambios a la política migratoria”, sostuvo Marxuach, al indicar que el electorado estadounidense habló claro, pero parecería que “la administración de (Donald) Trump no ha entendido bien el mensaje de las elecciones”.

Ty Jones Cox, vicepresidente del CBPP para Asistencia Alimentaria, indicó que la administración de Trump calcula que la norma propuesta, de implantarse, reduciría los beneficios del SNAP en $51,000 millones en un período de cuatro años.

“Esto representa un recorte de más del 15% adicional a los profundos recortes de la ley de reconciliación republicana de 2025. Desde julio pasado, 5.5 millones de personas menos reciben asistencia alimentaria del programa SNAP, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos hasta julio de 2026. Esta cifra supera con creces el número de personas que se proyectaba que perderían el programa SNAP cuando se promulgó la ley”, señaló Jones Cox.

La intención de la regla propuesta por el Departamento de Agricultura, advirtió Jones Cox, es restringir “drásticamente una disposición de la ley federal conocida como ‘elegibilidad categórica amplia’ (BBCE, en inglés), eliminando la flexibilidad que el Congreso otorgó a los estados para aumentar modestamente los límites de ingresos y las pruebas de patrimonio del programa SNAP”.

“La BBCE, adoptada por unos 45 estados, permite que las familias trabajadoras que destinan la mayor parte de sus ingresos a gastos necesarios, como el alquiler o el cuidado de los niños, reciban ayuda para comprar alimentos y permite que las familias, las personas mayores y las personas con discapacidades acumulen ahorros modestos sin perder el programa SNAP”, agregó Jones Cox.

Esa regla no aplica al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) bajo el cual se distribuye la asistencia alimentaria de Puerto Rico, donde no se utiliza la BBCE, dijo Marxuach.

Por su parte, Jones Cox recordó que, bajo la ley de reconciliación republicana de 2025, en enero, entraría en vigor un lenguaje que exigirá a la mayoría de los estados pagar “entre el 5% y el 15% del costo de los beneficios del SNAP”, dependiendo del margen de error del programa.

Como parte de las negociaciones en torno a la reautorización de la ley agrícola, que no han concluido, los demócratas del Congreso han reclamado retrasar, por lo menos, hasta 2029 la medida que puede aumentar la aportación estatal al SNAP.

“Eliminar una herramienta importante para agilizar la administración del programa y reducir errores empeorará los incentivos para que los estados recorten aún más sus programas SNAP, poniendo en riesgo la asistencia alimentaria vital para las familias de bajos ingresos”, agregó el vicepresidente del CBPP.

En 2029, además, entra en vigor el aumento en la edad máxima del SNAP para exigir requisitos de trabajo. Bajo la ley de reconciliación fiscal de 2025, los beneficiarios del SNAP que tienen entre 18 y 64 años –y puedan hacerlo– deberán trabajar, al menos, 20 horas o rendir servicios voluntarios.

Los líderes republicanos echaron a un lado en esta sesión del Congreso la posibilidad de integrar a Puerto Rico al SNAP, por entender que la propuesta, que aumentaría en cerca de $1,000 millones la asistencia nutricional federal en el archipiélago, costaría otros $1,000 millones al Departamento de Agricultura en su implantación.

Una legislación del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, buscaba una transición de hasta 15 años del PAN al SNAP. Bajo el PAN, que beneficia a 1.25 millones de personas, Puerto Rico recibe unos $3,000 millones anuales.