Washington D.C. - La administración de Donald Trump se opuso a que el Tribunal Federal de San Juan emita un interdicto que frene de inmediato las destituciones de tres exmiembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.

En un argumento presentado ayer, martes, en el tribunal –encabezado por el secretario adjunto de Justicia para la División Civil, Brett Shumate–, el gobierno de Trump mantuvo que “no hay una necesidad urgente de una orden judicial inmediata, ya que los demandantes reconocen que fueron destituidos de sus cargos y que ninguno de sus salarios depende de sus puestos en la Junta”.

Tres de los seis directivos de la JSF que fueron despedidos por Trump a partir del 1 de agosto –el exjuez de quiebras Arthur González; la comisionada de Educación de Nueva York, la boricua Betty Rosa; y el excomisionado de la Administración de Seguro Social Andrew Biggs– solicitaron al Tribunal Federal de San Juan que emita una sentencia declaratoria, un interdicto y, en la alternativa, un “mandamus” a fin de dejar sin efecto la decisión presidencial.

González y Rosa fueron destituidos por Trump el 1 de agosto. Biggs fue cesado 12 días después, tras criticar las destituciones de cinco de sus compañeros. Tres de los cesados, los puertorriqueños Juan Sabater –quien había sido el enviado del expresidente Joe Biden a la JSF–, Luis Ubiñas y Cameron McKenzie, no son parte de la demanda.

Los demandantes sostienen que Trump no expresó causa alguna para validar sus destituciones y que no tiene autoridad para hacerlo, debido a que el Tribunal Supremo estadounidense determinó que son funcionarios de un territorio que está bajo el control del Congreso.

“Debido a los múltiples problemas presentados y a la decisión de los demandantes de esperar más de cinco semanas para solicitar una medida cautelar preliminar, los demandados solicitan respetuosamente al Tribunal que deniegue la solicitud de los demandantes de agilizar la presentación de informes y permita a los demandados responder a la moción dentro del plazo ordinario (14 días) previsto”, agregó el Departamento de Justicia estadounidense.

Entre los funcionarios de Justicia que suscriben el recurso judicial, está el jefe de la Fiscalía federal de San Juan, Stephen Muldrow.

La decisión de Trump de destituir seis de los siete miembros de la JSF tuvo lugar en momentos en que un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presionaba en contra del plan de ajuste de esa corporación pública.

La JSF había propuesto pagar unos $2,600 millones de la deuda de la AEE, que por concepto de bonos asciende a $8,500 millones. Bonistas liderados por la firma Golden Tree Asset Management han reclamado un pago de $12,000 millones, lo que incluiría los intereses de la deuda.

Solo un miembro de la JSF permanece en su puesto, John Nixon, recomendado por el speaker Mike Johnson.

Las destituciones ordenadas por Trump permitirían que la JSF esté formada por cinco personas recomendados por republicanos y dos demócratas, si la Casa Blanca decide utilizar el mecanismo alternativo de nombramientos.

Bajo la ley Promesa, si no quiere enviar los nombramientos a confirmación del Senado (dominado por los republicanos 53 a 47), el presidente de Estados Unidos puede nombrar directamente un miembro de la JSF y designar los otros seis a base de las recomendaciones del speaker cameral (2), el líder de la mayoría del Senado (2) y los líderes de las minorías legislativas, que en esta sesión son demócratas.