Washington D.C. - Un grupo conservador avivó el reclamo del congresista republicano Paul Gosar (Arizona) para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impugne a nivel judicial la aplicación del arbitrio de construcción que imponen los municipios de Puerto Rico a los proyectos financiados por el gobierno federal.

Tras la solicitud que le hizo Gosar, presidente de la subcomisión de Investigaciones del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, a la JSF, el grupo Frontiers of Freedom indicó que el ente debe presentar un recurso ante la jueza Laura Taylor Swain, que preside el tribunal de bancarrota territorial creado por la ley Promesa.

“Se trata de un impuesto ilegal sobre fondos públicos federales. Lamentablemente, el silencio de la gobernadora republicana Jenniffer González Colón sigue siendo notorio. Por un lado, acude a Washington en busca de ayudas del gobierno de (Donald) Trump, mientras permite que esos mismos fondos públicos sean gravados ilegalmente”, indicó Frontiers of Freedom, en su boletín semanal.

En julio, en apoyo a la empresa Cobra Acquisitions, Frontiers of Freedom solicitó a los Inspectores Generales de los departamentos de Seguridad Naciona, Vivienda y Desarrollo Urbano, y Energía investigar si los municipios –con el impuesto a los proyectos de contratistas federales– desvían a sus arcas, ilegalmente, fondos federales destinados a la reconstrucción del archipiélago.

Ahora, promueve las gestiones de Gosar, quien solicitó en agosto a la JSF –creada hace una década por la ley Promesa– que le precise, para el 15 de septiembre, si cuestionará en el foro federal el impuesto y el total de fondos recaudado por los municipios en contribuciones a proyectos financiados con fondos de la asistencia federal destinada a la reconstrucción de Puerto Rico.

“Este impuesto a la asistencia para desastres me resulta profundamente preocupante”, indicó Gosar en su misiva del pasado 18 de agosto a la JSF que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico y ha cuestionado que se imponga la contribución municipal a proyectos financiados con fondos asignados por el gobierno federal para la reconstrucción.

Gosar reclamó a la JSF que le indique si revisa “cómo los municipios gastan los recaudos sobre proyectos financiados federalmente”.

El congresista solicitó que se le entregue cualquier auditoria, informe o datos financieros sobre esos recaudos y si la JSF ha tomado posición en contra de impuestos retroactivos a contratistas federales por servicios esenciales después de los huracanes Irma y María de 2017.

La carta de Gosar fue promovida, el pasado miércoles, por Frontiers of Freedom. Al otro día, cuando El Nuevo Día preguntó a Gosar sobre la carta, el congresista no pudo recordar la comunicación enviada a la JSF.

“Lo siento, pero he enviado tantas cartas recientemente”, se excusó Gosar, uno de los más conservadores de la Cámara baja y quien, en 2021, fue censurado por el cuerpo legislativo debido a un vídeo animado en el que se daba muerte a la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez.

La Ley 215 de 2024 de Puerto Rico exime del impuesto municipal “obras hechas mediante el método conocido como administración, como parte de los programas de construcción que realice una agencia del gobierno estatal o sus instrumentalidades, una corporación pública, un municipio o una agencia del gobierno federal”.

“No obstante, esta exención no aplica a las obras de construcción llevadas a cabo por una persona natural o jurídica, actuando a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia pública o corporación pública o instrumentalidad del gobierno estatal, municipal, o federal”, indica el estatuto.

La comunicación de Gosar a la JSF recibió una respuesta del presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Gabriel Hernández, quien representa a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista.

Para Hernández, alcalde de Camuy, Gosar debe elevar el reclamo ante el Congreso, no ante la JSF.

“Si el Congreso determina que los fondos federales para la recuperación ante desastres deben estar exentos de ciertos impuestos federales, estatales o municipales, dicha política debe establecerse mediante legislación federal específica, debidamente presentada, debatida y promulgada por el Congreso”, indicó, en una carta enviada a Gosar el 27 de agosto.

Hernández comentó a Gosar que “la seguridad, la policía y los servicios de emergencia, la gestión de residuos sólidos, la infraestructura vial, la salud y la seguridad públicas, y otros servicios municipales esenciales no dejan de ser necesarios simplemente porque un proyecto reciba financiación federal”.

Como telón de fondo en este debate, ha estado el éxito judicial que tuvieron los municipios de Humacao y Guayama en contra de Cobra Acquisitions –una de las contratadas para reparar el sistema eléctrico tras la catástrofe causada por el huracán María– para que cumpliera con el pago de las tasas municipales de construcción, multas e intereses.

“Estos impuestos no solo aumentan los costos para los contratistas federales, sino que también obligan a agencias federales como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) a gastar fondos adicionales de los contribuyentes para completar los mismos proyectos, mientras que los fondos asignados por el Congreso se redirigen simultáneamente a los presupuestos locales. Esto es inaceptable y plantea serias dudas sobre la administración de los fondos federales. El subcomité también ha recibido información preocupante sobre las prácticas de gasto municipal”, indicó, en tanto, Gosar.

Sostuvo que “un municipio reconoció haber desviado aproximadamente $4 millones de los ingresos del impuesto a la construcción para financiar su fuerza policial”.

No obstante, Gosar elogió el “compromiso” de la JSF con la reconstrucción de Puerto Rico, pero indicó que, “si bien se han logrado avances significativos, persisten serios obstáculos para la recuperación continua” debido a asuntos como la imposición del arbitrio municipal a proyectos financiados por el gobierno federal.

En comunicaciones enviadas a alcaldes y el gobierno central desde 2025, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, ha advertido que –a la luz de las disposiciones de la ley Promesa–, los municipios no tienen autoridad para poner en práctica la Ley 215, por entender que los impuestos de construcción encarecerían, sobre todo, proyectos energéticos financiados con fondos federales.