La organización estadounidense Frontiers of Freedom pidió a los Inspectores Generales de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) y Energía (DOE, en inglés) investigar si los municipios puertorriqueños desvían a sus arcas, ilegalmente, fondos federales destinados a la reconstrucción del archipiélago.

El presidente y principal funcionario ejecutivo de Frontiers of Freedom, George Landrith, dio como ejemplo Humacao y Guayama, que –argumenta– utilizan los fondos federales destinados a la recuperación “como fuente de ingresos”, por “aplicar retroactivamente impuestos municipales sobre la construcción, tasas de licencia, multas e intereses sobre proyectos que el gobierno federal financió tras los huracanes María e Irma”, en 2017.

“El resultado es claro e indefendible: dinero que el Congreso asignó para restaurar la energía, el agua, la vivienda y los servicios públicos en Puerto Rico está siendo desviado a las arcas municipales e incorporado a los costos de los proyectos que los contribuyentes estadounidenses, en última instancia, reembolsan”, agregó Landrith, cuya organización –fundada por el ya fallecido exsenador republicano Malcom Wallop (Wyoming)– promueve el libre mercado.

Wallop, por cierto, fue figura clave en el abarcador debate de 1989 a 1991, en el Senado estadounidense, en torno al status político de Puerto Rico y la posibilidad de convocar a un plebiscito federal.

Como telón de fondo del reclamo de Frontiers of Freedom a los inspectores generales de DHS, Joseph Cuffari; Brian Harrison, interino en HUD; y Sarah Nelson, interina en el DOE, está principalmente la demanda presentada con éxito por Humacao y Guayama en contra de la empresa estadounidense Cobra Acquisitions – una de las contratadas para reparar el sistema eléctrico después de la catástrofe causada por el huracán María– para el cobro de tasas municipales de construcción, multas e intereses.

La Ley 215 de 2024, señaló Landrith, autoriza a los municipios “a recaudar, tanto retroactiva como prospectivamente, impuestos especiales sobre la construcción y cargos relacionados sobre la actividad relacionada a la construcción dentro de sus fronteras”.

En su carta, Landrith afirmó que, tal como fue redactada e interpretada ley, anula de forma retroactiva o prospectiva “cualquier exención para proyectos financiados con fondos federales para la recuperación ante desastres, y no contempla ninguna excepción para las obras realizadas para entidades exentas de impuestos, como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o la Universidad de Puerto Rico”.

“Estas obras ya habían sido declaradas exentas de impuestos en el caso Lord Construction Group, citado anteriormente. Este es precisamente el defecto que identificó la Junta de Supervisión: un municipio puede gravar un proyecto financiado con fondos federales y exento de impuestos, y percibir un porcentaje de la subvención federal como ingreso municipal”, agregó.

De acuerdo al presidente de Frontiers of Freedom, la investigación de los inspectores generales de DHS, HUD y DOE se justifica porque, en Humacao y Guayama, se desarrollan “proyectos de agua, aguas residuales, vivienda, aeropuertos, centros penitenciarios, instalaciones públicas y energía, financiados con fondos federales, activos o recientemente finalizados, por un valor cercano a los $130 millones”.

“Si la misma política fiscal que los municipios han adoptado con respecto a Cobra se aplica, o está disponible para aplicarse, a estos proyectos, la desviación no es una simple disputa contractual. Es una fuga recurrente en todo un programa de recuperación, y es una que los contribuyentes estadounidenses, no los municipios, están encaminados a absorber”, sostuvo.

Landrith pidió tomar en cuenta que “los principios federales de costos que rigen estas subvenciones no permiten que los fondos federales cubran un impuesto del cual la entidad financiada esté exento”.

Pero, además, destacó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha planteado “serias dudas” sobre si la Ley 215 cumple con la ley Promesa y el plan fiscal certificado del gobierno de Puerto Rico.

En múltiples comunicaciones remitidas a alcaldes y el gobierno central desde 2025, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, ha advertido que –a la luz de las disposiciones de la ley Promesa–, los municipios no tienen autoridad para poner en práctica la Ley 215, por entender que los impuestos de construcción encarecerían, sobre todo, proyectos energéticos financiados con fondos federales.

En una carta a Mujica, el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, afirmó, sin embargo, que la Ley 215 refuerza las prácticas históricas que permiten a los municipios cobrar impuestos, patentes y arbitrios a contratistas o subcontratistas privados que ejecutan construcciones en sus jurisdicciones.

“La Ley 215 únicamente hace incuestionablemente claro que dicha exención (de impuestos y arbitrios) no aplica a trabajos de construcción llevado a cabo por una persona natural o jurídica actuando a nombre o al amparo de un contrato o subcontrato con una agencia pública, corporación pública o instrumentalidad gubernamental del gobierno territorial, municipal o federal”, dijo Hernández.