El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, argumentó ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que la implantación de la Ley 215 de 2024 meramente refuerza las prácticas históricas que permiten a los municipios cobrar impuestos, patentes y arbitrios a contratistas o subcontratistas privados que ejecutan construcciones en sus jurisdicciones, por lo que no suponen cargas contributivas adicionales que encarezcan las obras de infraestructura, incluidas las que se financian con dinero federal.