Washington D.C. - El Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés) propuso una regla que pudiera limitar el tiempo en que una persona puede obtener subsidios de vivienda e impondría requisitos de trabajo.

Por la vía administrativa, además, HUD persigue eliminar el trámite actual para casos de desahucio por falta de pago, que ofrece hasta 30 días y requiere planes de pago, oportunidad de recertificación y otros mecanismos.

En el caso de subsidios de vivienda pública, la obligación de notificación se reduciría directamente a una advertencia de acción en 14 días, y en el caso de otros programas, como sección 8, a cinco días, según la organización Ayuda Legal.

También HUD busca eliminar los subsidios de vivienda pública si en la familia hay una persona con estatus migratorio irregular.

De acuerdo con plan del secretario de HUD, Scott Turner –que revive una propuesta que el presidente Donald Trump trató, sin éxito, de impulsar por medio de legislación– las autoridades de Vivienda Pública (AVP) y los propietarios pudieran limitar a un mínimo de dos años los subsidios y los beneficiarios que puedan hacerlo, que tienen entre 18 y 61 años, tendrían que cumplir con hasta 40 horas de trabajo al mes.

“En todos los casos, las AVP y los propietarios podrían establecer requisitos laborales y límites de mandato, o ambos. Las AVP y los propietarios también podrían no implementar ninguno de los dos requisitos”, según la regla presentada en el registro federal.

Ante la preocupación por el impacto de estas propuestas normas, la organización Ayuda Legal envió este miércoles una carta a la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, y al administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario Hernández, para que defiendan los programas de vivienda pública e informen y asistan a los residentes.

La directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau Aubert, sostuvo que limitar el tiempo en que una familia puede utilizar subsidios de vivienda e imponerle requisitos de trabajo, son propuestas “particularmente peligrosas”.

“Parten de la premisa de que las personas empobrecidas no trabajan o que dependen exclusivamente de los programas de asistencia, sin contar la falta de movilidad laboral, la merma de empleos de calidad o la dedicación a labores de cuidado que no son remuneradas”, indicó Godreau Aubert, en la carta a los funcionarios puertorriqueños.

Godreau Aubert sostuvo que limitar el tiempo en que personas pueden ser parte de programas de vivienda subsidiada, “presume que estas familias pueden obtener vivienda asequible alterna, una posibilidad inexistente en un Puerto Rico”.

“Actualmente, faltan al menos 60,000 unidades de vivienda asequible para las poblaciones de menores recursos y existen listas extensas de familias que por años aguardan asistencia pública”, afirmó Godreau Aubert, al señalar que en Puerto Rico hay alrededor de 56,000 unidades de vivienda pública.

El período de comentarios públicos sobre la notificación en casos de desahucio vence el 27 de abril, pero esa norma puede entrar en vigor de forma interina el 30 de marzo, según Ayuda Legal.

En el caso de la intención de excluir a familias con al menos una persona indocumentada, los comentarios públicos pueden hacerse hasta el 21 de abril.

Mientras, el período de comentarios en torno al plan para limitar el tiempo de una persona en programas de subsidios de vivienda pública e imponer requisitos de trabajo expira el 1 de mayo.

El secretario Turner anunció recientemente - en un evento en el condado de Champagne, en Illinois-, las nuevas normas que propone HUD. La propuesta regla fue presentada en el registro federal el 2 de marzo.

“Nuestro objetivo en HUD, como dijo una vez el presidente (Ronald) Reagan, es reducir la dependencia y mejorar la dignidad de los estadounidenses vulnerables”, indicó Turner.

La propuesta dirigida a imponer requisitos de trabajo excluiría a los adultos mayores de 62 años o más y a las personas discapacitadas, que representan un porcentaje significativo de los beneficiarios de los subsidios de vivienda pública, como la sección 8.

“HUD propone definir elegible para trabajar como un familiar de 18 a 61 años que recibe asistencia (pública), excluyendo a las personas con alguna discapacidad… o un cuidador principal de dicho individuo, o que estén embarazadas, o que sean el cuidador principal de un niño menor de 6 años o para personas temporalmente incapacitadas, o que estén inscritos como estudiantes en una institución de educación superior según se define en la sección 102 de la ley de educación superior de 1965”, indica la norma que impulsa HUD.

De acuerdo con la propuesta regla, la definición que la ley de educación superior de 1965 establece permite a las AVP o los propietarios determinar el período de tiempo apropiado para la elegibilidad de un estudiante.

Trump intentó legislar los límites de tiempo en el acceso a subsidios y los requisitos de trabajo como parte del presupuesto de este año fiscal. Pero, no tuvo éxito.

Ahora, la administración Trump busca, por la vía administrativa, que las AVP o los dueños de las propiedades puedan implementarlas.

“Necesitamos un cambio radical en nuestro país, y aquí explicamos por qué: casi la mitad de los hogares con asistencia pública, que no son adultos mayores o no tienen discapacidad, no tenían a ninguna persona trabajando en 2024”, dijo Turner.

Señaló que, “en los últimos 16 años, la duración promedio de la estancia en nuestros principales programas de alquiler ha aumentado de 5 a 6 años a casi 8 o 9 años”.

“No estamos echando a las personas mayores ni a los niños a la calle”, argumentó el secretario Turner.

Con respecto a los cambios en las notificaciones de desahucio, Ayuda Legal subrayó que el efecto neto ”sería que las familias dejarían de contar con este aviso crucial para hacer gestiones conducentes al pago de la deuda, tales como procurar arreglos o acuerdos con el agente administrador o buscar ayuda económica de otras fuentes".

“También les impediría buscar asistencia legal de forma oportuna. Esto es de especial preocupación para las personas residentes en vivienda pública, que acuden a los procesos judiciales sin abogados en el 94% de los casos, mientras que en todas las ocasiones los agentes administradores sí tienen representación legal”, precisó Godreau Aubert.

La directora ejecutiva de Ayuda Legal exhortó también a la secretaria de Vivienda de Puerto Rico y al administrador de Vivienda Pública a oponerse a la regla que excluye a familias con una persona indocumentada.

“Permitir que esta reglamentación se apruebe sin mostrar una férrea oposición es darle la espalda a la comunidad migrante que ha sido históricamente parte del tejido social puertorriqueño. Sería también obligar a las familias a separarse como un requisito para recibir asistencia pública, condición imposible que tendrían que enfrentar por su condición de pobreza”, subrayó Godreau Aubert.